La magistrada fijó plazos de carácter urgente y también mostró su posición firme para que no se recurra a excusas. ¿Cuál fue el detonante de su airada reacción?
Una vez más, la crisis carcelaria se instala en la agenda de funcionarios judiciales y el Ejecutivo provincial y deberán brindarse respuestas urgentes. La exigencia de una solución surgió de la jueza de Ejecución Raquel Gass, quien intimó a los responsables del ministerio de Seguridad a habilitar el pabellón de máxima seguridad de la Unidad de Detención 11 (U11).
La reacción de la magistrada tiene directa relación con un habeas corpus que presentaron presos alojados en la Comisaría Séptima de Plottier. Al igual que otros detenidos, permanecen en una unidad policial por la falta de cupos en las cárceles de la provincia.
Gass analizó la presentación y sin demorarse, solicitó un informe a la cartera de Seguridad sobre los motivos de que el pabellón de máxima seguridad de la U11 no se habilitó a pesar de su inauguración a fines del año pasado.
“El reclamo de los condenados en la comisaría se refiere a la situación de hacinamiento en la que se encuentran, sin la posibilidad de acceder a dispositivos educativos que faciliten su reinserción social”, destacaron desde el Poder Judicial provincial sobre los motivos del habeas corpus. Asimismo, indicaron que “varios de ellos deben dormir en el piso y sin posibilidad de salir al patio, como sí ocurre en las unidades de detención. Ante el anuncio por parte de personal de la comisaría de que ingresarían nuevos detenidos presentaron la acción solicitando el traslado a una Unidad de Detención”.
En este marco, Gass se anticipó a cualquier medida que pueda adoptar otro organismo y prohibió el ingreso de nuevos detenidos a la unidad policial de Plottier.
De manera paralela, la magistrada puntualizó que la situación que se da en la Comisaría Séptima se puede replicar en otras unidades policiales de la provincia, con múltiples presentaciones por parte de los detenidos debido al hacinamiento. Sin dudar, afirmó que el panorama en otras comisarías “es igual o, peor”.
Gass no solo hizo hincapié en lo que se vive por estos días sino que también rememoró el trabajo comprometido por la cartera de Seguridad para resolver la crisis carcelaria y recordó que se asignaron fondos para que se avance en distintas obras. En este aspecto, fijó un plazo de 10 días para que los funcionarios expliquen “los motivos por los cuales luego de sancionada la ley de emergencia carcelaria en 2024 que habilitaba recursos extraordinarios para solucionar la crisis en la que se encuentra la provincia en esta materia, todavía no se ha podido solucionar el déficit de alojamiento de las unidades de detención”.
Recordó que el flamante pabellón de la U11 ya fue inaugurado y en forma contundente, espetó: “Como ciudadano uno entiende que cuando se inaugura algo es porque ya se puede utilizar, pero pasaron 4 meses desde la inauguración y todavía sigue cerrado”. Gass también se encargó de fijar plazos para una solución en relación a este punto y le ordenó a los funcionarios de Seguridad que “en 30 días hábiles se encuentre cubierta a pleno la capacidad del pabellón de máxima seguridad inaugurado el año pasado y que aún se encuentra vacío”.
La fiscalía de Estado solicitó la revisión de esta medida y explicó que aún no se ha podido finalizar la obra por falta de habilitación por parte de la empresa de gas Camuzzi. Gass tampoco se intimidó ante estos argumentos y requirió a los representantes de la Fiscalía de Estado que soliciten a Camuzzi los motivos por los cuales la empresa no podría habilitar dentro de los próximos 30 días hábiles la obra de gas de ese pabellón.
Enfática y dando a entender que no se van a permitir más dilaciones, la jueza de Ejecución pidió tanto al Ministerio Público Fiscal como al Ministerio Público de la Defensa que, “en caso de no cumplimiento de estas resoluciones tomen las medidas necesarias”.