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Una resolución de la defensora general Vanina Merlo, que le otorgó potestad al Ministerio de Desarrollo Social para intervenir en casos judiciales que involucren niños y adolescentes durante el horario de guardia, desató un acalorado reclamo. Organizaciones especializadas en el tema aseguran que se verá afectada la tutela judicial efectiva y piden hacer marcha atrás con la decisión que aprueba dicho protocolo.
"Integrantes del Foro en defensa de la 2302, trabajadoras y trabajadores del Servicio de Maltrato y Abuso Sexual Infantil del Castro Rendón-Línea 102, representantes del Colegio de Trabajo Social y de Psicólogos, las Comisiones Directivas de ATEN Capital y Plottier nos reunimos con legisladores y legisladoras del Frente de Izquierda en la Legislatura de Neuquén para alertar sobre las consecuencias que la Resolución N°19/2023 del Ministerio Público de la Defensa que firmó la Dra. Vanina Merlo", comienza el comunicado.
Lo que las organizaciones plantearon es su rechazo a la disposición, que coloca como "organismo de aplicación" de las decisiones en horario de guardia de dicho fuero -que comprende desde las 14 horas de cualquier día hábil hasta las 8 de la mañana del día hábil siguiente- al Ministerio de Desarrollo Social.
Esto implica que será este el organismo encargado de brindar el apoyo, acogida, asesoramiento jurídico, activar protocolos de abuso y cualquier otra medida pertinente de acuerdo a la situación judicial que surja (detenciones, intervenciones, rescates) y que involucre niños y/o adolescentes hasta los 18 años.
"Es un cambio en la práctica desde la implementación de la Ley 2302. Aleja a los niños, niñas y adolescentes del acceso a la justicia y de una protección adecuada, vulnerando su derecho a ser escuchados en el ámbito de las Defensorías", expresaron.
Además, opinaron que "con esta resolución no sólo se retrasan las intervenciones oportunas y garantistas de derechos a los niños, niñas y adolescentes sino que los coloca en situaciones de mayor vulnerabilidad".
Lo cierto es que el texto que fue firmado en marzo pasado por la defensora general, Vanina Merlo, establece que la activación de la guardia "debe estar motivada en una situación de infancias o adolescencias, que se encuentren en riesgo cierto e inminente (malos tratos, violencia física, emocional, abuso sexual, cuando los adultos no se muestran protectores). Es allí, donde se debe centrar la necesidad de evaluación de estos indicadores por parte del órgano de aplicación, siendo este el primer despeje y eslabón de la ruta crítica para activar un caso de decisión judicial".
Es esto justamente lo que preocupa a los organismos que acompañan el reclamo, puesto que indican se estaría postergando la intervención del Defensor propiamente dicho, apuntado para "velar por la Protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de manera activa", y entregando la responsabilidad a un organismo cuyo fin original nunca fue el hoy dispuesto.
"La tutela judicial efectiva en la niñez y la adolescencia es un derecho complejo que actúa como un paraguas que refuerza la protección y por eso la Justicia debe promover medidas que sean efectivas garantizando la simplificación y agilidad de los procesos", señalaron.
Por este motivo, las organizaciones no sólo salieron a poner el grito en el cielo, sino que adelantaron que se solicitará una audiencia con Merlo para debatir la decisión y con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Soledad Gennari. También se requerirán informes sobre la implementación de la Ley Provincial 2302, para evaluar su funcionamiento y respaldar su postura.