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El hecho ocurrió en abril durante las clases. La justicia rechazó un hábeas corpus mientras los docentes buscan declarar la emergencia educativa.
El preceptor de la Unidad 32 de Zapala que fue testigo de una escena brutal donde un estudiante apuñaló a otro en el pecho sigue con licencia por ART. Desde ese hecho de inseguridad que atravesó a la comunidad, todas las instituciones del sector expusieron que no es un caso aislado sino un punto de quiebre y permanecen sin clases en las cárceles.
“Esta medida no implica abandono de funciones, sino una acción de resguardo”, aclararon las autoridades del CPEM 101 en un comunicado del 23 de abril sobre la retención de tareas, y subrayaron que no están dadas las condiciones mínimas para garantizar la integridad física y psicoemocional del colectivo docente ni el derecho a la educación de los estudiantes privados de libertad.
Más de un mes después de ocurrido, la situación continuó sin resolución y los representantes de la institución escolar junto a la dirigencia de ATEN presentaron un Hábeas Corpus colectivo y correctivo que este miércoles 28 de mayo fue rechazado por el Juzgado de Ejecución Penal de Zapala. En su argumentación señaló una contradicción jurídica entre el derecho a la educación de los internos y el derecho sindical de huelga. Tanto la fiscalía como la defensa adhirieron a esta interpretación, sosteniendo que esta instancia no era la vía adecuada para dirimir ese conflicto. Mientras tanto, las clases en las Unidades de Detención N° 21, 22, 31 y 32 están suspendidas.
“No es que el juez no reconoce que hay una vulneración de derechos, pero no quiere que quede mezclado esto en un hábeas”, explicó el vicedirector Guillermo Cavaller a LMNeuquén. Por eso, adelantó que buscarán otras vías: “ya pedí a la defensa que haga presentaciones en el legajo. Vamos a elevar el pedido de declaración de emergencia educativa ante el Consejo Provincial de Educación y también llevarlo a la Legislatura”. En Zapala y en Neuquén ya hay consenso para impulsarlo por vía legislativa.
El episodio que precipitó la suspensión ocurrió el lunes 23 de abril por la mañana, cuando un estudiante del CPEM 101 alojado en la Unidad Penitenciaria N° 32 de Zapala fue apuñalado por otro interno durante una clase. Ocurrió en un tráiler escolar provisorio, espacio reducido e improvisado donde se desarrollan las clases desde hace más de un año. “Había seis estudiantes, más no entran”, explicó el vicedirector Guillermo Cavaller, consultado ese mismo día por este medio y añadió: "los tráilers eran momentáneos, paliativos, pero no se ve que se mueva ningún ladrillo".
La ambulancia y la policía ese día trágico demoraron más de media hora en llegar al lugar, y otros 45 minutos en trasladar al herido al hospital de Zapala. Según Cavaller, este hecho visibiliza el abandono y la precariedad: “queremos denunciar nuevamente la exposición a la que estamos sometidos los docentes. El preceptor vio la puñalada, quedó en el medio. No hay condiciones para dar clases”.
Para el vicedirector del CPEM 101, el grave hecho de inseguridad expuso la demora en la obra provincial de construcción de aulas en la Unidad 32, y la urgencia para su finalización: "todo lo que se dice que se iba a hacer en la 32 no se construyó, ni aulas ni pabellones, y necesitamos una fecha concreta".
Por su parte, indicó que el estudiante mejoró su estado de salud y dejó la internación para quedar nuevamente detenido en la unidad. En tanto, los demás docentes que estaban ese violento día de clases ya fueron dados de alta. "Hay pedido para que se amplíe el período de licencia, porque la normativa está hecha para escuelas comunes, son válidas, pero nos quedan cortas siempre".
Uno de los reclamos que venían realizando los docentes, era el “Protocolo de Ingreso y Permanencia del personal educativo en unidades penitenciarias”. Este fue producto de una construcción interministerial, con aportes de diferentes áreas del Estado y la comunidad educativa a través de una mesa de trabajo desarrollada durante 2024. Sin embargo, en la instancia de revisión final, algunas de las modificaciones introducidas encendieron nuevas alarmas.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con el uso de los espacios acondicionados como aulas: los tráilers. Desde la comunidad educativa se había pedido expresamente que no fueran utilizados para otros fines —como visitas—, por ser lugares pensados solo para garantizar la continuidad pedagógica.
Sin embargo, el protocolo aprobado al que tuvieron acceso este martes dio marcha atrás: "establece que esos mismos espacios podrán ser usados para visitas, lo que implica que cuando haya visitas, no habrá clases y se tensiona el objetivo del espacio, lo pedagógico queda relegado”, advirtió Cavaller. Además, cabe destacar que en las visitas los presos pueden acceder a actos de privacidad. “Las visitas son necesarias, por supuesto, pero no puede ser que los mismos espacios sirvan para todo”, destacó en medio de la crisis carcelaria que atraviesa el sector.