Para la Fiscalía, los acusados podrían entorpecer la investigación y poner en riesgo a testigos. La prisión preventiva fue aplicada teniendo en cuenta sus antecedentes.
Los dos imputados detenidos en una espectacular persecución policial tras un violento robo, tenencia de cocaína para la venta, y encubrimiento, no son unos simples desconocidos del sistema penal. Al contrario, A.C.F y Q.D.G, de 44 y 43 años, quedaron en prisión preventiva al evaluar su abultado historial de antecedentes, y una serie de oportunidades y salidas alternativas desaprovechadas.
La fiscal del caso, Silvia Moreira, detalló en la audiencia que los imputados se movían en un Toyota robado cuando interceptaron a una pareja ingresando a su casa el pasado 4 de julio en barrio Confluencia. Junto a otros cómplices aún no identificados, los golpearon, los obligaron a ingresar al domicilio, los amenazaron con un arma de fuego y les robaron una suma cercana a los 5 millones de pesos. También se llevaron un Volkswagen Bora.
Luego escaparon en el Toyota y la Policía comenzó un operativo cerrojo. Después de una persecución, los acusados dejaron el auto como si lo estacionaran en un garaje y fueron detenidos en Almirante Brown y Antártida Argentina tras intentar huir a pie.
A.C.F arrojó al suelo envoltorios que contenían 114,8 gramos de clorhidrato de cocaína, y Q.D.G intentó deshacerse de dos teléfonos celulares. Al momento de ingresar a la comisaría, A.C.F tenía en su poder 60 envoltorios de nylon con 20 gramos de clorhidrato de cocaína; y a Q.D.G le encontraron $300 mil y 300 dólares.
A pedido de la fiscal, ambos quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y encubrimiento por receptación dolosa de un vehículo robado. Además, en vistas del repaso por el legajo de los imputados, el juez de garantías otorgó como medida cautelar la prisión preventiva.
A.C.F., intentó descartar los envoltorios de cocaína, aunque aun así tenía 20 gramos encima al momento de ser atrapado. Como consta en los registros judiciales, acumula causas por robos, lesiones leves, amenazas agravadas y daño. El -ahora- acusado por robo agravado, mantuvo la rebeldía desde el 15 de septiembre de 2020 hasta el 17 de diciembre de 2020, cuando se logró su captura y se le formularon cargos por dos hechos de robo simple en grado de tentativa.
Finalmente, se llegó a un acuerdo reparatorio por ambos y se dispuso el sobreseimiento. Sin embargo, ya había sido beneficiado con libertad condicional tras una causa de 2015 por robo simple y tentativa de robo.
"Lleva 10 años transgrediendo la ley", expresó Moreira ante el juez, y destacó: "ha cumplido condena, ha sido beneficiado con múltiples salidas alternativas, y aún hoy sigue transgrediendo la ley", por lo que, concluyó: "¿Cuál es la conducta esperable respecto del señor? Que no se va a someter al proceso".
En una evaluación igual de contundente, según los legajos, Q.D.G desde 2007 acumulan 17 causas por distintos delitos como encubrimientos, robos de autos, portación ilegal de arma de fuego, robos, lavado de activos, daño a animales.
En 2019 fue condenado por encubrimiento calificado por habitualidad, la cual fue unificada en una única pena de cinco años y seis meses de cumplimiento efectivo por el hurto de un auto en la vía pública. Aunque la condena vencía en julio de 2025, tenía libertad asistida desde enero de este año. Fue declarado reincidente y reiterante, en los términos de la Ley 3514, aunque por un margen de pocos días, no entró en la reciente legislación impulsada por el Ministerio de Seguridad.
Entre los antecedentes criminológicos de relevancia, la Fiscalía citó una condena de 2007 con la pena unificada de cinco años de prisión efectiva por ser declarado coautor de robo agravado por arma de fuego. Dicha condena transcurrió con diversas sanciones disciplinarias y traslado al interior de la provincia.
Además, mencionó que, en 2008, protagonizó una violenta fuga de la Unidad 51 de Chos Malal a través de golpes y amenazas a efectivos policiales. Como consecuencia, mediante una sentencia del Juzgado Correccional, fue condenado a la pena de un mes y medio de prisión de efectivo cumplimiento por la comisión del delito de evasión y lesiones leves. Por este caso, se le concedió la libertad condicional, al año siguiente y terminó la condena en 2011. En el año 2013 es detenido en el marco de la causa por robo calificado, y en 2014 sale en libertad de la U11.
Ante este contexto, la fiscalía consideró que ninguna medida alternativa —ni arresto domiciliario, ni dispositivos electrónicos— sería suficiente para garantizar el desarrollo normal del proceso de los hombres que fueron imputados por delitos con expectativa de pena superior a 4 años. También destacaron que ninguno registró actividad laboral ni está registrado en ningún impuesto.
En cuanto al entorpecimiento, la Fiscalía postuló que resultaba necesaria la medida de coerción preventiva para resguardar la investigación de la causa por drogas y continuar tratando de identificar a otras personas involucradas. En este mismo sentido, indicó que hay testimonios que deben cuidarse hasta el juicio y podrían verse influidos por los imputados, quienes conocen el domicilio de las víctimas, y podrían incluso ubicar a los testigos del robo.
Destacaron también que ambos imputados ya realizaron actos concretos de entorpecimiento, por lo que es esperable que continúen haciéndolo. Por último, agregaron que debe considerarse la gravedad de que son personas que empleaban armas de fuego.
Al respecto, el juez de garantías Lucas Yancarelli tuvo en cuenta el panteo de que los acusados ya han demostrado que no respetan límites ni órdenes judiciales y avaló los cargos y ordenó la prisión preventiva por cuatro meses.