La Policía envió un oficio a la jueza acerca de las precarias posibilidades de control de la prisión domiciliaria.
La decisión judicial de imponerle prisión domiciliaria y libertad a la pareja de delincuentes que protagonizaron una seguidilla de robos, hirieron a un policía y terminaron con un patrullero arrojado al río Chimehuín generó preocupación en la Policía de Junín de los Andes por su prontuario.
Cabe destacar que el jueves el fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero formularon cargos contra Carlos Vásquez y Lorena Gallardo. No solo detallaron el escape del miércoles que se extendió hasta el jueves por la madrugada sino que reconstruyeron una seguidilla de episodios que comenzó el martes 25 de agosto con un robo en una vivienda de Junín de los Andes.
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió que Vásquez quede acusado por lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra personal policial, en concurso ideal con resistencia a la autoridad y violación de domicilio. En tanto, a Gallardo se le atribuyeron los delitos de resistencia a la autoridad, en concurso ideal con hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública y daño calificado.
Además, solicitó que ambos permanecieran detenidos con prisión preventiva mientras avanzaba la investigación. Scordo y Lucero fundamentaron el pedido en la gravedad y reiteración de los hechos y en la existencia de riesgos procesales, principalmente peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.
La jueza de garantías Leticia Lorenzo había rechazado el pedido de prisión preventiva formulado por la Fiscalía y dispuso la prisión domiciliaria de Vásquez durante dos meses. La resolución se tomó luego de que la defensa planteara que no había disponibilidad para alojarlo en la Comisaría 23, información oficial que fue avalada por la magistrada.
Además, ordenó que se realizaran rondines policiales en el domicilio hasta tanto pudiera colocarse una tobillera electrónica. En el caso de Gallardo, en cambio, la jueza resolvió imponerle como medida cautelar la prohibición de mantener contacto con las víctimas y los testigos de los hechos, por lo que quedó en libertad.
Sin embargo, no hizo lugar al pedido de prisión preventiva para Vásquez debido a que no había disponibilidad para alojarlo en la Comisaría 23, según planteó la defensa sobre la base de información oficial que fue avalada por la magistrada.
Por ese motivo, dispuso que el hombre cumpla prisión domiciliaria durante el plazo de dos meses. Además, ordenó rondines policiales de control en la vivienda hasta tanto sea posible colocarle una tobillera electrónica.
En el caso de Gallardo, en cambio, la jueza resolvió imponerle como medida cautelar la prohibición de mantener contacto con las víctimas y los testigos de los hechos.
Según los informes judiciales relevados vásquez cumplió una condena de 5 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo por la comisión de múltiples delitos en concurso real. Entre las infracciones atribuidas se destacan un robo agravado por el empleo de arma en carácter de coautor, cuatro hechos independientes de encubrimiento atenuado en calidad de auto, y un delito de hurto en calidad de autor.
El cómputo de privación de libertad dio inicio el 9 de enero de 2021 en la Unidad de Detención 41° de Junín de los Andes. Tras registrar diversos incidentes, fue trasladado a la Unidad de Detención 32 de Zapala, para posteriormente ser derivado nuevamente a la Unidad de Detención 41 a tres días de finalizar su condena. El agotamiento definitivo de la pena concluyó el 7 de julio de 2026, fecha en la que recuperó formalmente la libertad.
El comisario inspector Guillermo Alfaro cuestionó las condiciones del domicilio fijado para cumplir la medida y advirtió que, en esas circunstancias, no están dadas las condiciones para controlar que el imputado permanezca efectivamente detenido.
En diálogo con LMNeuquén, Alfaro explicó que el hombre quedó con prisión domiciliaria durante dos meses, pero que el lugar establecido para cumplirla se encuentra fuera del ejido urbano, a unos 15 kilómetros de Junín de los Andes, sobre la Ruta 61. Se trata, según describió, de una vivienda precaria, sin paredones, sin vecinos próximos y sin servicio de internet ni señal telefónica.
“Si ese hombre quiere salir de la casa, sale y se va”, resumió el comisario inspector al referirse a las dificultades para controlar el cumplimiento de la medida.
Sin embargo, Alfaro señaló que tampoco sería sencillo instalar el dispositivo en ese lugar. “No hay señal”, explicó, y sostuvo que las condiciones del domicilio no permitirían garantizar un monitoreo adecuado.
Cabe destacar que una prisión domiciliaria con monitoreo electrónico requiere una infraestructura mínima para que el sistema pueda funcionar. El equipo incluye un dispositivo y una tobillera electrónica que deben permanecer conectados y comunicados con el sistema de monitoreo. Para eso, el domicilio necesita condiciones de conectividad y suministro eléctrico que permitan transmitir permanentemente la ubicación del detenido.
La tobillera se configura de acuerdo con el perímetro establecido para la vivienda. Si la persona se aleja de la zona autorizada, el sistema genera una alerta que permite dar aviso a la Policía y activar la respuesta correspondiente.
“En ese lugar no hay internet, no hay señal y tampoco hay vecinos”, señaló Alfaro, quien consideró que esas condiciones dificultan seriamente el cumplimiento efectivo de la medida.
Según explicó, desde la Policía se envió un oficio para plantear la situación y se solicitó que se determine otro domicilio donde pueda cumplirse la prisión domiciliaria con condiciones adecuadas de control.
La preocupación policial no se limita a las dificultades para monitorear al imputado. Alfaro también puso el foco en la cantidad de hechos que, según la investigación, fueron atribuidos a la pareja en apenas unos días y en el impacto que tuvieron en una localidad donde, según describió, existe una dinámica de seguridad muy diferente a la de las grandes ciudades como Neuquén capital.
“Esta gente altera en dos días” la tranquilidad de la localidad, planteó el comisario inspector, al describir una seguidilla que incluyó el robo de ocho bicicletas, una motocicleta, un televisor, una computadora y otros elementos. Además, aseguró que los vecinos colaboran con la Policía, aportan información y se comprometen con las investigaciones, por lo que quedaron preocupados por la decisión judicial.