La fiscal de la causa además pidió revisar las medidas preventivas. Ocurrió en la localidad de Chos Malal.
En el marco de una investigación por venta de drogas en Chos Malal, este viernes por la noche se realizó una audiencia de formulación de cargos contra cuatro personas. En la misma, la fiscal Natalia Rivera solicitó que todas permanezcan en prisión preventiva.
El juez de garantías Eduardo Egea avaló las imputaciones, pero rechazó las detenciones y ordenó la libertad de los acusados, con prohibiciones de acercamiento y contacto con testigos por cuatro meses.
Ante el rechazo de las medidas solicitadas, Rivera pidió la revisión de la decisión. Por ese motivo, deberá realizarse una nueva audiencia ante un tribunal integrado por tres jueces o juezas de garantías, que analizará el planteo de la Fiscalía.
La audiencia se desarrolló luego de los allanamientos realizados en tres domicilios y dos locales comerciales de Chos Malal. En esos procedimientos se secuestraron cocaína, cannabis, dinero en efectivo, armas, municiones y elementos vinculados con la comercialización de drogas.
Las cuatro personas habían quedado detenidas durante los operativos.
Según la acusación presentada por Rivera, los investigados actuaban conjuntamente y se distribuían las tareas para comercializar cocaína y cannabis en la localidad. La Fiscalía ubicó esa actividad, al menos, entre el 16 de julio y el 8 de octubre de este año.
En ese esquema, A.A.A. fue señalado como quien proveía las sustancias y daba instrucciones para su pesaje, fraccionamiento y comercialización. Los otros tres imputados, identificados como I.M.N., P.K.S. y L.A.F., habrían cumplido diferentes funciones relacionadas con la tenencia y venta de estupefacientes, además de realizar movimientos de dinero mediante billeteras virtuales.
Durante los procedimientos, en la vivienda de uno de los imputados se encontraron 81,6 gramos de cocaína compactada. En otro de los domicilios allanados se secuestraron 185 gramos de cannabis, entre otras cantidades de estupefacientes.
Los operativos también permitieron incautar balanzas de precisión, dinero en efectivo y otros elementos que, de acuerdo con la Fiscalía, guardan relación con la actividad investigada.
Rivera atribuyó a los cuatro acusados el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de coautores. Al presentar los cargos, sostuvo que existía una organización con funciones definidas para cada uno de los involucrados.
Además de esa imputación, a A.A.A. le formuló cargos por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.
La fiscal fundamentó el pedido de prisión preventiva en la existencia de riesgos para la investigación. Uno de los puntos que mencionó fue la posibilidad de que los imputados accedieran de manera remota a información almacenada en los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados.
También planteó que restaba entrevistar a personas que podrían aportar información sobre los hechos. En su exposición, hizo referencia a testigos cuya identidad debe mantenerse resguardada.
El juez Egea no hizo lugar a las detenciones solicitadas. Sin embargo, consideró que debían adoptarse medidas para garantizar el desarrollo de la investigación y fijó prohibiciones de acercamiento y contacto respecto de dos testigos identificados, por un plazo de cuatro meses.
Por solicitud de Rivera, el magistrado prorrogó por dos meses la clausura de la vivienda de A.A.A., identificada por la fiscalía como uno de los lugares utilizados para la venta de estupefacientes.
El pedido también incluía extender la clausura de un local comercial ubicado en el mismo predio. En ese caso, el juez no concedió la medida solicitada.
Además, se autorizó el embargo de fondos en billeteras virtuales de los imputados, con excepción de L.A.F. Respecto de esta persona, Egea consideró que no se habían presentado elementos suficientes para justificar la medida.