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El colapso carcelario no cesa en su avance y, a más de seis meses de la “clausura” de los penales provinciales, la llegada de cada nuevo condenado a las comisarías pone en jaque aún más las condiciones del encierro y los recursos ya de por sí acotados. Esta semana, un ladrón reincidente recibió por ese motivo la domiciliaria y ello despertó el reclamo de otros internos. Sin embargo, a solo dos días de la audiencia, este medio comprobó que el imputado se fugó de su casa. La fiscalía ya ordenó su captura.
Alejandro Abeiro pasó algunos meses tras las rejas luego de declararse su primera reincidencia por varios hechos de robo. Como lo habilita la progresividad de la pena establecida por ley, el 14 de mayo pasado había sido beneficiado con la libertad condicional, bajo la condición de que se presentara ante la Dirección de Población Judicializada periódicamente y no cometiera nuevos delitos, entre otras pautas que se suelen imponer de rigor.
Lamentablemente, y como en muchos casos que demuestran que el fin de resocialización de la pena no se logra intramuros, Abeiro volvió a caer en el sistema menos de un mes más tarde en una suerte de “apriete” contra un hombre que asegura le debía dinero; unos 30 mil pesos.
Por supuesto, este argumento no hizo nada a su favor; el condenado fue fácilmente identificado por la víctima y al día siguiente de la agresión fue detenido y acusado por robo agravado por el uso de arma y quedó en prisión preventiva por 15 días para cautelar el riesgo de fuga y entorpecimiento.
Como era de esperarse, mientras esté procesado no volverá a la U11 donde sí cumplía su pena hasta un mes atrás, sino que se lo ubicó junto a otros procesados -y también condenados erróneamente ubicados- en la Comisaría 44 de Valentina Sur.
LMNeuquén ha cubierto extensamente el contexto de crisis carcelaria que llevó a que actualmente y por orden judicial de las juezas de ejecución Raquel Gass y Alicia Rodríguez, ningún penal de la provincia pueda recibir nuevos detenidos por el hacinamiento y colapso general de las unidades. También se ha dado a conocer que dado ese cierre, que lleva vigente desde diciembre de 2022, ha llevado cual efecto dominó a un colapso de las comisarías, que comenzaron a alojar desde entonces contraventores, procesados y condenados.
El exceso de gente sumado a la carencia de servicios básicos que la mayoría de las celdas de comisarías presentan -además del acotado espacio en que los internos terminan prácticamente apiñados- ha generado que muchos de ellos reclamen por al menos la posibilidad de atravesar el proceso penal hasta recibir una sentencia en sus casas.
Lo mismo ocurrió esta semana con Abeiro, a quien la fiscalía pretendía mantener encerrado para subsanar los riesgos procesales en la Comisaría 44, incluso a pesar de darse por acreditadas “las condiciones indignas” señaladas por el defensor público José María Maitini.
El asistente letrado de la unidad de Robos y Hurtos, Gastón Medina, le pidió al juez Gustavo Ravizzoli que prorrogara la prisión preventiva que Abeiro viene cumpliendo desde el nuevo hecho que se le atribuyó. Señaló como argumentos que la víctima manifestó temor y que el ladrón reincidente ha demostrado una tendencia a apartarse de la ley en repetidas ocasiones, argumentos totalmente válidos y que la defensa no discutió.
No obstante, Maitini insistió en enviar al condenado en su casa; recalcó en audiencia que el imputado habitaba en un espacio de 10 metros cuadrados totales con otras tres personas más, de acuerdo al relevamiento realizado y mediante el cual también se detectó la presencia de cañerías destruidas, letrinas en el suelo, olor a cloaca, la presencia de tomacorrientes sueltos que generan riesgo latente de incendio, la escasa ventilación y luz de las celdas. Pidió, nada más y nada menos, un lugar digno y salubre para su defendido, que allí no se le puede garantizar. Reclamó, además, que el Estado tiene la potestad para hacer algo al respecto.
Solo unos días atrás, el mismo pedido pero con Enzo Monsalve como protagonista, recibió una negativa. La defensora pública Laura Giuliani solicitó que el joven, condenado como uno de los asesinos de Agostina Gisfman y sufriendo los efectos de una hemofilia y hepatitis C que avanzan día a día, pueda al menos estar en su domicilio o en una comisaría con mejores condiciones, que no pongan en riesgo su salud más de lo que ya lo está.
La jueza Estefanía Sauli consideró que no podía hacer mucho por él, teniendo en cuenta que las condiciones de unidades de detención y comisarías dependen exclusivamente del Ejecutivo provincial y de la Dirección de Seguridad de la Policía.
“Desde que estamos con la cuestión carcelaria y el abarrotamiento de detenidos en las comisarías, desde la Justicia nos cansamos de atender los reclamos de la defensa y de librar oficios a las comisarías, para que los detenidos estén en las condiciones que corresponden. Pero es resorte del Poder Ejecutivo que cumplan con las condiciones de detención, porque de ellos dependen las comisarías y las cárceles”, sostuvo.
En la audiencia por Abeiro, su colega Ravizzoli no coincidió con esa postura y no dudó en priorizar las condiciones dignas que en un contexto de encierro no se cumplen.
“No paso por alto que estamos en un contexto de crisis carcelaria, pero en eso no podemos afirmar que debe ser articulado por el Poder Ejecutivo. A través de una resolución judicial también debe darse una respuesta adecuada y justa. No se puede trazar un razonamiento que implique invertir la carga. No podemos concluir que es necesario que pase algo grave para hacer lugar a una morigeración de una prisión preventiva”, sostuvo.
Corroborado el domicilio elegido, morigeró la preventiva y otorgó la prisión domiciliaria pedida por la defensa por dos meses al acusado en una vivienda ofrecida que dista a más de 4 kilómetros del lugar del hecho, dictando además la colocación de una tobillera electrónica y rondines sorpresivos.
Ahora bien, lo que nadie esperaba es que la resolución llegara tan rápido a oídos de los demás detenidos de la Comisaría 44, que a la salida de Abeiro, continúan sufriendo las condiciones que presenta la comisaría y pusieron el grito en el cielo al enterarse que su compañero -a pesar de su frondoso prontuario- pudo salir y con representación de la defensa pública.
Este medio pudo incluso confirmar que varios de ellos pusieron de inmediato en campaña a sus familiares para intentar cambiarlos de defensor a partir de la resolución de Ravizzoli.
Su reclamo no tardó en hacerse escuchar en una nota escrita a puño y letra que entregaron al jefe de la comisaría el viernes a última hora y que exigieron les sea comunicada a cada uno de sus respectivos defensores, para pedir cuanto antes acceder a la misma modalidad de detención.
“Nuestras condiciones violan todo lo normado por la Constitución Nacional, Provincial, el Código Procesal Neuquino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hasta los estándares mínimos establecidos por el Comité Nacional Contra la Tortura; que en principio no solo señala el derecho del acceso al esparcimiento, la luz natural y agua potable, sino un espacio de seis metros cuadrados por persona”, señalaron.
Destacaron además, el hecho de que su compañero Abeiro estuvo tan solo 20 días con libertad condicional hasta volver a caer tras las rejas. No obstante, no se dudó en otorgarle el beneficio de la prisión domiciliaria al corroborar las condiciones paupérrimas de la comisaría que todos allí padecen.
En este sentido, expresaron: “Solicitamos un trato igualitario”.
Los detenidos se encuentran a la espera de respuesta.