A 6 meses del cierre de las cárceles, no hay cambios y el Gobierno mira a otras provincias

Sin cambios concretos ni plazas vacantes, la Justicia ordenó mantener cerrados los penales de la capital. La jueza Raquel Gass dio otra oportunidad al ejecutivo provincial para acreditar mejoras concretas en las unidades U11, U12 y U16, y se mostró interesada en una propuesta inesperada que llegó desde Seguridad: se baraja enviar presos a San Luis.

Cabe recordar que la jueza de Ejecución Raquel Gass dictó en noviembre pasado el cierre de los penales de la capital neuquina luego de que la Defensa Pública probara las terribles condiciones edilicias y el hacinamiento alcanzado en ellas, al seguir recibiendo condenados más allá de su cupo límite y los años de refacciones que nunca se realizaron.

Ante esto, la magistrada "congeló" el número de alojados en las unidades 11, 12 y 16 por seis meses y otorgó al ejecutivo provincial un plazo de 30 días para cumplir con la instalación de elementos para extinguir incendios tanto en la U11 como en la U12; la refacción de seis casas de pre egreso de la U11 y la presentación de un plan de mejoramiento y refacción de los pabellones a 60 días, así como también un proyecto para la construcción de un taller destinado a educación.

La misma situación se dio en penales del interior de la provincia, que en los días siguientes a la resolución también fueron “clausurados” por la jueza Alicia Rodríguez, quien de igual manera ordenó el inicio urgente de mejoras.

Las decisiones pretendían dar tiempo al gobierno para iniciar las mejoras necesarias a los espacios, pero también a que se liberaran plazas en las unidades para luego pensar en una reapertura. Sin embargo, esto no ha sucedido. De hecho, días atrás LMNeuquén contó que uno de los factores que afecta la apertura de vacantes en los penales es la demora en la confección de los informes requeridos para ello, que también quedó registrado y por lo que se intimó al Gabinete Criminológico.

Juez Raquel Gass -VALIDA 1200-

Es así que la hora de rendir cuentas llegó esta semana, en una audiencia que se realizó el lunes con presencia de Gass, la defensora de Ejecución Luciana Petraglia y representantes de la Policía y el ejecutivo provincial, entre los que se encontró la secretaria de Seguridad, Marianina Domínguez.

En resumen, la defensa una vez más demostró que los cambios han sido pocos; a pesar de algunas mejoras iniciadas en algunos pabellones, casi nada se logró hacer de lo que ordenó la jueza en noviembre pasado y así se resolvió mantener la clausura del cupo carcelario, que actualmente consiste en: 265 personas alojadas en la U11, 40 personas en la U12 y 16 en la U16.

En cuanto a la compra de matafuegos ordenada, tampoco se cumplió ya que aún se encuentra en etapa de preadjudicación. La defensa planteó que sólo hay un matafuegos por pabellón y esto no es suficiente dado el tamaño de las unidades.

Asimismo, Gass ordenó realizar una nueva audiencia de control dentro de cuatro meses, momento para el cual se deberá haber finalizado las obras del pabellón 8 y haber iniciado la del 7 y/o el 9; acreditar avances concretos en el pabellón de máxima seguridad (actualmente está en la etapa de movimiento de suelo) e informar si el convenio de traslado de detenidos al penal federal de Senillosa se hará o no efectivo.

carcel senillosa anexo justicia federal

Este convenio fue firmado por el gobierno provincial en marzo, pero previo a la concreción del traslado de los presos, se debía construir un nuevo módulo, por lo que aún tampoco es considerado una solución en el corto plazo.

Ante esto, la sorpresa de la audiencia de este lunes fue un anuncio de características similares pero con los ojos puestos en otra provincia. Es que Domínguez informó que se estaría realizando una gestión con el gobierno de San Luis para trasladar internos de la capital a un penal de allí.

Atentos sin embargo a que esto implicaría una separación de los presos de su familia con arraigo en Neuquén, incumpliendo así su derecho a recibir visitas, la secretaria indicó incluso que el acuerdo implicaría que el gobierno neuquino asumirá todos los gastos de traslados de los familiares de detenidos, a quienes se llevaría al penal de San Luis cada 15 días.

Gass se mostró interesada en la propuesta y pidió más información al respecto también para una próxima instancia.