La Justicia ordenó la urgente actualización de informes para salidas anticipadas de presos

Por pedido de la Defensa Pública, la Justicia brindó un plazo límite para que se actualicen los informes de 64 detenidos en penales de Neuquén, cuyo retraso traban las salidas anticipadas. Además, se constató que no cuentan con espacios educativos, obligatorios por ley, lo que también se ordenó subsanar de manera urgente.

Según informaron desde el Ministerio Público de la Defensa este miércoles, se llevó a cabo una audiencia de habeas corpus ante la jueza de ejecución Raquel Gass con objetivo "correctivo y colectivo", solicitada por el Equipo Operativo de Ejecución del MPD en la I Circunscripción, en representación de todos los detenidos condenados, alojados en las U11, U12 y U16.

La defensora de Ejecución, Luciana Petraglia, expuso como argumento para solicitar el habeas corpus que "los internos están denunciando que, por los retrasos en los informes criminológicos (por parte del Gabinete Técnico-Criminológico de la Dirección de Población Judicializada), se les está vedando la posibilidad de acceder a libertades asistidas y condicionales". Además, se cuestionó el motivo detrás de dicha falta de actualización de los informes, que son realizados a través de visitas y entrevistas periódicas a los internos.

Por otro lado, se abordó también el tema educativo. Es que otro de los reclamos de los detenidos es "la escasez de cursos de capacitación laboral reales y concretos para poder aspirar a una mejor reinserción social". En definitiva -sintetizó Petraglia- "denuncian una vulneración de derechos en el plano de la progresividad del régimen penitenciario, relacionada con el retraso en los informes criminológicos y el seguimiento de la ejecución de la pena, y también en el acceso a la educación".

Para fundar la petición, y para corroborar que la vulneración de derechos a las personas privadas de la libertad se encuentra acreditada, el equipo de defensores presentó dos informes: uno surgido de una encuesta realizada a internos de las unidades de la I Circunscripción (sobre condiciones de alojamiento) y un monitoreo a todas las unidades de detención "para dar cuenta de la falta de espacios para educación".

En esta audiencia declararon el subsecretario de seguridad, Lucas Gómez; la directora de Población Judicializada, Natalia Vallejos; el director de educación en contexto de privación de libertad, Adrián Ciancio; y el director y subdirector de la Dirección de Unidades de Detención, los comisarios Caro y Fonseca.

Con respecto al atraso de los informes, de las declaraciones y demás pruebas presentadas en la audiencia, se pudo determinar que -por falta de cobertura de cargos técnico/profesionales- son 64 los informes atrasados por parte de Población Judicializada, lo que impacta en la posibilidad de que 42 personas puedan acceder a libertad asistida o libertad condicional.

Además se evidenció la necesidad de que al comienzo de la ejecución de la pena se diagrame -para cada interno/a- un "tratamiento" con pautas y objetivos claramente establecidos para que los informes que se realicen periódicamente determinen el cumplimiento o no de esos parámetros, tal como establece la Ley de Ejecución (24660). En la actualidad esto no está sucediendo, y es otro de los puntos planteados en el habeas corpus.

Luciana Petraglia, defensora de ejecución penal de la 1ª Circunscripción.

Agustín Martínez

"Lo que se visibiliza en esta audiencia es que no hay planificación, que los informes no se entregan en tiempo, el equipo de tratamiento penitenciario está cubriendo un tercio de la población carcelaria, el Consejo de Evaluación da tarde las calificaciones, y las repiten en tres trimestres sin fundamentos; las personas privadas de la libertad no saben qué tienen que hacer o qué no porque no se les plantean objetivos", resumió Petraglia.

En otra línea, se destacó que "del relevamiento realizado por la Defensa Pública y del diagnóstico que hizo Ciancio en esta audiencia, se tiene por acreditado que existe una vulneración del acceso a la educación en todos los niveles de las personas privadas de la libertad en la I Circunscripción", puntualizó Petraglia.

Recordó que tanto las Reglas de Mandela como los Pactos internacionales hablan de educación permanente y de calidad para las personas privadas de la libertad, en igualdad de condiciones. "Luego de escuchar las declaraciones en esta audiencia, es imposible determinar qué personas, cuántas horas, cuántos días a la semana, qué niveles o en qué espacios toman qué clases", graficó la funcionaria del MPD. Y añadió: "La misma situación de caos que en la progresividad del régimen se registra en educación: se evidencia una falta de espacios, falta de planificación, y absoluta carencia de definiciones en términos de cuándo, quién y dónde".

Tras escuchar la prueba y el pedido de la defensa, Gass ordenó que en 60 días la Dirección de Población Judicializada se ponga al día con todos los informes de libertad condicional y de libertad asistida; que en 60 días estén cubiertos los cargos profesionales vacantes (que ya se concursaron); que las personas que ingresen de ahora en más al sistema penitenciario sean entrevistadas y se le pongan objetivos; y que se presente una planificación de recursos para hacer frente al crecimiento de población carcelaria.

En materia educativa ordenó que, en un plazo de 30 días, el CPE presente planos de necesidades de espacios educativos a Seguridad para su aprobación y exhortó a las carteras de Educación y Seguridad a que se realice una planificación adecuada para que se pueda garantizar el acceso a la educación.