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Un acusado de violar a su ex pareja adolescente reiteradamente no podrá ingresar a Chos Malal por otros dos meses. Así lo dispuso la Justicia, coincidiendo con la necesidad de proteger a la víctima y una testigo que declararán en juicio contra el acusado.
De acuerdo a la investigación del Ministerio Público Fiscal que pronto llegará a su etapa de juicio, fueron tres los hechos de abuso sexual que se le atribuyen al hombre.
El primero de ellos ocurrió en marzo de 2022 por la tarde, cuando el imputado y la víctima (novios en ese entonces) se encontraban sentados en el sillón de la vivienda de uno de ellos y él comenzó a quitarle la ropa a la adolescente. A pesar de los pedidos de la víctima para que se detuviera, el hombre la ignoró, se le subió encima y la violó.
El segundo hecho fue en mayo de 2022, en una vivienda de familiares de la víctima. Mientras estaban en el patio, el agresor la habría empujado contra una pared, le habría quitado la ropa y una vez más ignorando las negativas de la adolescente, la violó.
Por último, el tercer hecho -también ocurrido en mayo de 2022- se habría dado en horas del mediodía en la vivienda de la joven. Allí, el acusado ingresó a la habitación en la que ella se encontraba, la empujó hacia la cama y luego la violó, a pesar de la insistencia de la víctima para que se retirara de allí.
Bajo esta teoría de los hechos es que la fiscalía lo acusó como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado en tres hechos.
Es en ese contexto que, dada la fecha próxima que se fijó para el juicio, la fiscal del caso Natalia Rivera pidió la prórroga sobre las medidas cautelares impuestas al imputado, las cuales vencían el martes. Ese mismo día, en audiencia, Rivera requirió a la jueza interviniente su extensión por otros dos meses.
“El caso ya está listo para el juicio”, planteó Rivera durante la audiencia. “Necesitamos que ambas mujeres den sus testimonios sin ningún tipo de injerencia sobre ellas; entendemos que para preservar esas declaraciones es necesario extender estas medidas”, sostuvo. Esto porque una de ellas debe declarar por ser víctima del abuso sexual, mientras que la restante interviene como testigo.
Las medidas consisten en la prohibición de acercamiento del imputado a menos de 200 metros de las mujeres; prohibición de tener cualquier tipo de contacto con ellas de modo directo o bien a través de otras personas, además de no poder realizar ningún acto de perturbación; y prohibición de ingresar a la localidad en la que vive la víctima, quien sigue siendo adolescente.
El requerimiento de la fiscal del caso contó con el aval de la defensora del Niño y el Adolescente, así como de la defensa del acusado, que no prestó oposición.
La jueza de garantías que dirigió la audiencia avaló el pedido de prórroga de las medidas de protección requeridas por la fiscal del caso y dictó su extensión.