La defensa del joven no está de acuerdo con la orden de realizarle otro estudio para confirmar si puede ser juzgado. El imputado permanece detenido desde 2025.
Lejos de la definición, la causa penal en contra del joven roquense acusado de actividades terroristas atravesó una nueva instancia luego de que la defensa mostró su oposición a otro estudio médico forense para establecer si puede ser juzgado.
El imputado fue detenido el año pasado en General Roca luego de sospechas por actividades terroristas y una presunta conexión con células yihadistas. El hombre bajo sospecha es David Nazareno Ávila, de 22 años. Su detención se concretó el 9 de enero de 2025 y el 14 de ese mismo mes, enfrentó su primera indagatoria.
Más allá de que se habían reunido distintos elementos de prueba en contra de Ávila, el proceso empezó a dilatarse debido a su estado de salud y la necesidad de confirmar si podía enfrentar o no un juicio.
A mediados de este mes, se conoció la postura del Tribunal Oral Federal de General ROCA (TOF) sobre la solicitud del Ministerio Público Fiscal para que el joven sea sometido a un nuevo estudio por parte del Cuerpo Médico Forense de la Corte. En este marco, la defensa mostró su posición contraria y además requirió que Ávila sea liberado.
Los jueces mostraron una posición casi similar a la parte acusadora y recordaron que el joven fue sometido a un estudio en febrero de este año. De manera contundente, el magistrado que emitió su voto rector indicó que la medida ordenada “resulta necesaria y conducente para verificar si la situación plasmada en los informes de fechas 8 de septiembre de 2025 y 6 de febrero de 2026, se ha mantenido hasta la actualidad en las mismas condiciones o si ha sufrido variaciones”.
Más allá del pronunciamiento reciente, la defensa pública impulsó una presentación contra la decisión del TOF y que se resolvió sobre finales de la semana pasada, con un rechazo.
La respuesta negativa alcanzó a un recurso de casación, donde los jueces coinciden en que “tampoco se advierte que la parte recurrente haya logrado demostrar la afectación de las garantías invocadas”.
De igual modo, la defensa hizo reserva para presentarse ante otra instancia superior.
El joven roquense que permanece detenido había empezado a ser seguido de cerca desde los primeros meses de 2024 por varias publicaciones en redes sociales donde difundía propaganda yihadista. Los primeros en intervenir fueron los responsables de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC). Apenas lograron identificar el origen de las publicaciones, avanzaron con una denuncia en el juzgado federal de la ciudad bonaerense de Campana.
Entre los puntos llamativos de la investigación primigenia, se conoció que Ávila vivió en Neuquén debido a que se sumó al Ejército Argentino como voluntario. Sin embargo, su paso por el Regimiento de Caballería y Exploración de Montaña 4 de la ciudad de San Martín de los Andes fue fugaz -apenas dos meses- y fue expulsado por razones de disciplina, rendimiento y competencia. Uno de los incidentes que se le atribuye es un robo en un supermercado.
Una vez que tomó intervención el juzgado de Campana, el joven roquense quedó bajo la lupa de los investigadores de la Prefectura Naval Argentina (PFA), que empezaron a reunir distintos elementos de prueba. De esta forma, se llegó a los allanamientos de enero del año pasado.
Ávila no solo fue procesado sino que la Cámara Federal de San Martín ratificó lo resuelto en primera instancia.
Más allá de esta primera etapa investigativa, que se desarrolló casi sin demoras, surgió un punto previsible y que tenía relación con la competencia. En ese marco, las actuaciones se trasladaron al Valle rionegrino, más precisamente al juzgado federal de Roca.