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La familia del policía Víctor Garro parece estar en un duelo que es un bucle del que no pueden salir. A Garro lo asesinaron el 5 de octubre de 2014 en un procedimiento en Añelo. Pese al dolor por la violenta pérdida, todo pareció encaminarse bastante rápido. Los asesinos fueron dos chilenos, Héctor Hernán Ruiz Herrera y su padre Emilio Ruiz Valdevenito, ambos detenidos de inmediato y condenados por un jurado popular en 2015. La Pena fue de prisión perpetua.
En abril de 2020, el asistente letrado Carlos Caroselli, de manera negligente, realizó un dictamen sin siquiera observar el cómputo de pena de Ruiz Herrera e informó de forma errónea a la jueza de ejecución Raquel Gass de que el detenido estaba en condiciones de ser extrañado, es decir, expulsado del país.
En verdad, a dicho beneficio Ruiz Herrera podría acceder recién en 2029 cuando tenga cumplida la mitad de la condena de acuerdo con lo que establece la letra de la ley en su cruce con el cómputo de pena, cosa en la que no reparó Caroselli.
Cuando en junio de 2021 se abrió la frontera con Chile, que había cerrado por el coronavirus, se dispuso que Ruiz Herrera fuera extrañado. Durante un año y dos meses, nadie revisó el dictamen de Caroselli.
El 25 de junio de 2021, el chileno fue llevado hasta la frontera y quedó en libertad en su país sin la posibilidad de volver a la Argentina; de lo contrario, tendría que cumplir su pena tras las rejas.
El error fue advertido en los primeros días de julio y, como consecuencia, se libró una orden de captura internacional, por lo que en septiembre de ese año Interpol ya lo buscaba en código rojo.
Nunca se notificó de nada de lo ocurrido a la familia. Grosera falta que induce a sospechar que se quiso tapar todo. El dato salió a la luz por una investigación de LMN en julio de este año.
Tras el escándalo, se iniciaron actuaciones internas que no podrán alcanzar la responsabilidad de Caroselli, que se jubiló en octubre de 2021, a los pocos meses de trascender su grosero error.
Ruiz Herrera fue detenido en Temuco el 5 de octubre y la familia de Garro se enteró tras el acto que se realizó a ocho años de su crimen.
El miércoles pasado hubo una audiencia de extradición en Chile en la que la Corte del vecino país permitió la presencia de este medio, la familia de Garro, el querellante Gustavo Lucero y la jueza de ejecución Raquel Gass. Un dato sobre el estado público de las audiencias que acá en Neuquén habría que tratar de imitar.
El juez de la Corte Arturo Prado, después de poco más de una hora y media de audiencia, debió suspenderla porque no lograba comprender cómo la Justicia neuquina había liberado a un condenado a prisión perpetua.
Prado se mostró asombrado por los estándares de los procesos de control, a la vez que el fiscal chileno Álvaro Hernández reconoció que los funcionarios neuquinos claramente no revisaron el expediente.
Por su parte, el defensor oficial de Chile explicó que Ruiz Herrera no se sustrajo al accionar de la Justicia sino que fueron los propios funcionarios argentinos quienes ordenaron que fuera expulsado y liberado.
Durante la audiencia, ambas partes hablaron de la carencia de información que remitió la Justicia neuquina a Chile, por este motivo el ministro de la Corte optó por suspender la extradición y dejar con prisión preventiva a Ruiz Herrera a la espera de informes claros.
“Duele escuchar al defensor chileno decir que si hay algo que quedó claro es que Ruiz Herrera no se ha sustraído a la acción de la Justicia, sino que ha pasado la frontera de forma voluntaria según lo dispuesto por las autoridades argentinas. Lo peor de todo es que tiene razón”, señaló la familia a LMN.
“Acá en Neuquén, se hizo todo mal. Hoy se ensucia el trabajo de cientos de judiciales que honran su tarea diariamente, a consecuencia de la torpeza de unos pocos. Nosotros, los familiares del policía asesinado, sentimos impotencia, frustración, porque no se puede justificar lo injustificable, es una vergüenza todo esto. Y todo esto es por la negligencia e irresponsabilidad de los funcionarios que nos siguen lastimando”, afirmaron con profundo dolor.
“¡Con todo esto sentimos que vuelven a matar a Fabián! A los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén les pedimos que en lo inmediato resuelvan nuestro pedido de sanciones a funcionarios de la fiscalía y agilicen el jurado de enjuiciamiento a la jueza de Ejecución. Hasta ahora, ellos provocaron un daño enorme y no sufrieron ninguna consecuencia. ¿Esto es afianzar la Justicia?”, concluyó la familia con duros términos, propios del dolor ante la impunidad.
Por su parte, el abogado querellante Gustavo Lucero, que también estuvo presente en la audiencia de extradición, confió a este medio: “La Justicia neuquina fue sometida a la vergüenza internacional”.
Luego agregó: “Los operadores judiciales chilenos, aun haciendo su mayor esfuerzo, no pueden llegar a comprender cómo puede un condenado a prisión perpetua ser liberado indebidamente sin que existan instancias de revisión y de control. El fiscal chileno calificó esto de inexplicable”.
En su resumen de lo ocurrido en la frustrada extradición, el abogado de los Garro aclaró: “El juez del tribunal preguntaba si al querellante de la familia le habían notificado la resolución de extrañamiento a fin de que pudiera interponer los recursos del caso. Obviamente, no se puede imaginar que ni al querellante ni a la familia de la víctima los notificaron, esto lo ignoran porque Neuquén no remitió toda la documentación”.
“Se terminó suspendiendo la audiencia porque en Chile entienden que desde Argentina no han dado explicaciones de por qué y cómo pasó lo que pasó, y no les queda claro este error judicial. No solo se hicieron las cosas mal, sino que se sigue trabajando mal al no aportar todos los antecedentes necesarios a la Justicia chilena para se expida sobre la extradición. Esto es lamentable, tanto para la familia Garro como para el prestigio de la Justicia neuquina”, concluyó Lucero.
Ahora, los Garro esperan que la Justicia neuquina actúe. Primero, remitiendo la documentación necesaria para que la Corte de Chile autorice, si así lo cree, la extradición de Ruiz Herrera. Y luego, que el TSJ se expida sobre la responsabilidad de los funcionarios judiciales que dieron curso al extrañamiento del asesino del policía Víctor Garro. De lo contrario, a la vista quedará que la responsabilidad sobre los actos no existe, por lo que la Justicia queda totalmente deslegitimada.