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Los “enemigos públicos” son personajes de la vida criminal neuquina cuyos homicidios o violaciones generaron un gran impacto social y permanecen en la memoria colectiva. Siempre surgen en una charla de café, en una sobremesa o cuando hay una audiencia para actualizar su situación penal. Cada vez que se mencionan sus nombres, desembarcan el espanto, el horror y la indignación.
Los enemigos públicos que mencionamos en este informe están tras las rejas y todos han solicitado distintos beneficios que les corresponden por ley; porque más allá de sus crímenes, no han dejado de ser ciudadanos y el único derecho que se les suspende es la libertad, moleste o no a la comunidad.
Sobre estos personajes siniestros está puesta la atención de los medios. Cada vez que hay un movimiento en sus expedientes, el radar mediático pone la lupa en la Ciudad Judicial. En esos momentos es donde el periodismo más incomoda con su histórico rol de generar una suerte de control social.
No son pocos los judiciales que han confiado a este periodista que buscan evitar que se divulguen dichas audiencias porque “la difusión lo perjudica al detenido y mete presión a los funcionarios del Poder Judicial”. Así fue que descubrimos que Darío Poblete llevaba ocho meses gozando de las salidas transitorias, dato que no había trascendido.
Estos delincuentes ya están condenados por sus crímenes, pero el Estado olvida brindar el tratamiento respectivo y muchas veces los mismos presos se niegan a recibirlo, hasta que advierten que es necesario hacerlo si pretenden obtener informes criminológicos favorables que les permitan gozar de los beneficios de la ley.
Podemos asegurar que al menos tres de estos delincuentes no han recibido un tratamiento sostenido en el tiempo y los expertos entienden que no están en condiciones de reintegrarse a la sociedad.
Pese a ello, el Estado sigue sin hacer nada, y en algún momento van a agotar condena y será imposible impedir que vuelvan a la vida en libertad.
El término “enemigo público” remite al Imperio Romano, que contemplaba en su legislación dicha acusación para castigar la destrucción violenta.
Pero cuando hablamos de “enemigos públicos”, es inevitable no caer en la película que protagonizó Johnny Depp en 2009, en el papel del famoso criminal John Dillinger, que durante la gran depresión de la década de 1930 se dedicó a asaltar bancos desarrollando un método de ingreso y egreso que duraba un par de minutos, lo que le permitía escapar con facilidad de la Policía. Sus grandes asaltos devinieron en la conformación de un grupo especial del FBI que lo ultimaría a tiros en 1934, cuando Dillinger tenía solo 31 años y ostentaba en la prensa estadounidense el título de “enemigo público número 1”.
Justamente, fue la prensa yanqui la primera en explotar este término a la luz del trabajo que realizó la Comisión contra el Crimen de la ciudad de Chicago, que era algo menos de lo que hoy es una ONG.
Dicha comisión lanzó una campaña contra las organizaciones gangsters que se acribillaban a plena luz del día sin importar la presencia de civiles. Fue así que se entregó a la prensa en 1930 una lista de 28 criminales a los que señaló como enemigos públicos.
En Argentina, el primer enemigo público, según da cuenta Osvaldo Aguirre en su libro homónimo, fue Rogelio Gordillo, más conocido como “El Pibe Cabeza”, un pistolero caracterizado por extraños arrebatos de violencia, pero al momento de ser etiquetado por la prensa no había cometido ningún gran golpe. Era un ladronzuelo.
Desde lo sociológico, la expresión suele ser sustentada con un argumento más que interesante que brindó el célebre ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger: “Puesto que el crimen ha de ser juzgado por todos, ya que a todos afecta e interesa, es imposible prescindir de él, dejarlo correr como una cuestión privada, como hecho de un individuo con quien nadie tiene que ver. En la investigación del crimen, la sociedad se investiga a sí misma”.
Palabras más, palabras menos, la sociedad se define también por sus crímenes y sindica a estos personajes de los cuales pretende protegerse porque amenazan su integridad.
El ex policía Darío Poblete, quien el 4 de abril de 2007 asesinó al profesor Carlos Fuentealba cuando se retiraba arriba de un auto tras una manifestación en Arroyito, quizás sea el enemigo público número 1 de Neuquén.
No está de más recordar que el asesinato tuvo repercusión nacional y la imagen de Jorge Sobisch, gobernador de Neuquén y candidato a presidente en ese entonces, se vino a pique y en la actualidad es tan repudiado como Poblete.
Por el crimen de Fuentealba, Poblete, integrante del Grupo Especial de Operaciones Policiales (GEOP), fue condenado a prisión perpetua en 2008.
En 2012, Poblete participó de otro escándalo nacional cuando este medio lo fotografió mientras caminaba por las calles de Zapala. La explicación que dio la Policía fue que, ante la carencia de móviles, llevó al interno a un turno médico.
En agosto de 2019, la defensora de Poblete denunció a tres docentes ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por no permitirle estudiar en el Centro de Formación Profesional de Zapala.
Lo cierto es que Poblete goza del beneficio de las salidas transitorias desde julio de 2022. Son dos salidas por mes, cada 15 días, con una duración de 12 horas de estadía en la vivienda designada, más una hora de traslado para ir y otra hora para volver, totalizando 14 horas.
Si bien este beneficio le corresponde por ley y Poblete cuenta con buen concepto y comportamiento, la Justicia prefirió que dicha situación no trascendiera por el impacto social que generaría.
De hecho, LMN lo sacó a la luz el viernes y el dirigente gremial de ATEN, Marcelo Guagliardo, pasó del asombro a la indignación y afirmó: “Es otra barbaridad más de la Justicia contra la familia. Tenía reclusión perpetua con agravantes. Además, es una causa que aún no termina, nos queda la Fuentealba II en una búsqueda de justicia que lleva casi 16 años”.
Cabe señalar que recién en 2041 el asesino del docente podrá solicitar la libertad condicional.
Rubio es un ex policía con rasgos psicopáticos que encuentra el goce en abusar de mujeres jóvenes reduciéndolas con armas. El poder y control de la situación que sume en el terror a sus víctimas le produce cierta excitación.
En noviembre de 2000 y luego en el mismo mes de 2001, abusó de dos mujeres con el mismo modus operandi. El lugar elegido fue la barda neuquina, en inmediaciones del tercer puente.
El denominado “violador de la meseta” fue condenado a 10 años de prisión. Nunca recibió tratamiento y, como en toda condena, los plazos se fueron agotando. El 11 de octubre de 2011 accedió al beneficio de las salidas transitorias y el 11 de enero de 2014, en condiciones temporales de obtener la libertad asistida, comenzó a vivir en libertad.
El 11 de julio de 2014, Agripino Rubio agotó pena, es decir que cumplió con lo que algunos llaman “su deuda con la sociedad”.
A partir del mediodía de ese día, pasó a ser un hombre totalmente libre. Ese día, un violador retornó a las calles sin haber recibido ningún tipo de tratamiento y, por su perfil criminal, era una bomba de tiempo.
El 1° de agosto de 2014, 12 días después de haber cumplido pena, Rubio volvió al ruedo y en su lugar predilecto: la meseta.
A punta de cuchillo, abordó a dos jóvenes estudiantes que habían salido a caminar por Parque Norte, en la zona de la antena. De ahí las condujo bajo una perversa amenaza hasta inmediaciones del tercer puente.
La amenaza concreta era que, si una intentaba huir, mataba a la otra. Ese fue su método de control de la situación, a sabiendas de que no podía retener a las dos jóvenes.
Las desnudó y abusó de ellas. Cuando finalmente las jóvenes pudieron escapar de esa situación, corrieron y se encontraron con un grupo de runners que las vio y las asistió. La Policía logró dar con el presunto abusador en el Alto Valle de Río Negro, con intenciones de escapar.
En 2015, Rubio fue a juicio por jurados y, finalmente, recibió una condena de 18 años de prisión por doble abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la utilización de arma blanca y robo con arma.
Además de pervertido, Rubio es bastante paranoide y habla de conspiraciones en su contra. Es verborrágico y leguleyo. Según ha manifestado a este medio, apeló a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por su condena.
En la actualidad, Rubio está en la cárcel de Zapala y tiene autorizada una salida de seis horas a Picún Leufú para ver a su madre, que está convaleciente. “Con debida custodia policial penitenciaria, cuando las condiciones del servicio lo permitan”, se dejó asentado en la audiencia respectiva.
Es uno de los personajes más oscuros de la historia criminal neuquina. Muestra claros rasgos propios de un psicópata y parafilias muy definidas.
Soñé violaba a Franco, el hijo de 3 años y medio de su pareja. El caso salió a la luz la mañana del 31 de octubre de 2002, en el barrio Parque Industrial de Cutral Co, pero hacía un año que sometía al pequeño, y a veces en conjunto con su madre.
La práctica era sumamente sádica porque lo golpeaba, lo quemaba con cigarrillos u otros elementos, y lo mordía con brutalidad.
Un día antes del asesinato de Franco, lo había golpeado de tal forma que le desencadenó un cuadro de peritonitis. Lo dejaron tirado en su cama hasta que advirtieron que estaba muerto. Franco murió en total soledad. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, planificaron hacer pasar su muerte por el ataque de un perro, pero los médicos no mordieron el anzuelo y tanto Soñé como su pareja quedaron detenidos.
Soñé fue condenado a 30 años de prisión y nunca tuvo tratamiento a la recomendación debido a que los informes forenses daban cuenta de que es un pedófilo con componentes sádicos.
Cuando cumplió la mitad de la pena, en mayo de 2017, solicitó el beneficio de las salidas transitorias, pero la fiscalía le advirtió a la jueza de Ejecución Penal que prestara atención al informe técnico criminológico: “Se arribó a un pronóstico de riesgo de violencia sexual moderado-alto”.
En la comarca petrolera, los vecinos indignados estallaron en furia y la medida se frenó. La madre de Soñé se mudó a Centenario y, finalmente, en 2018, se le dio el beneficio de las salidas transitorias.
En julio de 2019, Soñé avanzó y solicitó la semilibertad a partir de salidas laborales, por lo que solo se limitaría a ir a dormir a la cárcel.
El trabajo que aludía hacer se vinculaba con algunos cursos que había realizado tras las rejas, como reparación de PC y uso de sistemas informáticos básicos. La empleadora de Soñé sería su pareja.
Fue todo tan sórdido y burdo, que finalmente se le terminó negando el beneficio en base a los informes profesionales.
Este año, hace un par de días, Soñé solicitó en una audiencia la libertad condicional. Según dio a conocer la defensa pública, profesionales que han entrevistado y estudiado al violador indicaron que el hombre no es permeable a los tratamientos a los que se le ha intentado someter.
“Esta falta de permeabilidad se ve manifiesta por una cuestión de voluntad de Soñé de responder frente a los objetivos que se le plantean”, indicaron.
La audiencia concluyó con la denegación del beneficio de parte del juez.
No obstante, en 2032, el violador recuperará la libertad, pero por falta de herramientas del Estado y su resistencia no habrá accedido a un tratamiento, que obviamente no es garantía de nada con estos personajes tan siniestros.
Es un asesino despiadado, sin culpa, sin angustia, insensible a tal punto que ni su propia vida le importa. De salir de la cárcel, la posibilidad de reincidencia es muy elevada.
Aquines se crió en Valentina Sur. Su vida fue terrible, aunque no por ello se justifican sus actos. Desde niño, su padre no lo consideraba su hijo y su madre le suministraba Valium para que la dejara dormir. En la adolescencia, ingresó en los consumos peligrosos como el alcohol y el bolseo de pegamento. El resto fue un derrotero de una vida que se encaminaba a un abismo.
El 13 de noviembre de 1998, cuando caminaba por el barrio, desde el potrero se escapó un pelotazo que le dio en el rostro, y en ese momento se disparó lo peor de su ser.
Al otro día, Aquines observó a cinco chicos que iban a pescar a la zona costera del río Limay conocida como la Puntilla y creyó que eran parte del grupito de pibes que estaban jugando cuando le dieron el pelotazo el día anterior.
Los siguió y los sorprendió. Aquines tenía un arma y los chicos temieron. Separó del grupo a los dos de 11 años y los apuñaló. Creyó que les había dado muerte y fue en busca de los otros tres, a los que asesinó a cuchillo y luego los quemó.
Los dos chicos de 11 sobrevivieron de milagro y lograron pedir ayuda, y así fue como se dio con Aquines, que fue condenado a prisión perpetua.
Tras las rejas, el autor de la masacre del Limay no recibió tratamiento y nunca se mostró muy accesible cuando lo entrevistaban los profesionales que arman los informes criminológicos.
Los especialistas que trabajaron en su caso describieron: “Tiene trastorno antisocial de la personalidad y el pronóstico es de riesgo alto de recaída en comportamientos violentos”.
La descripción es de manual: “Denota que se trata de un sujeto impulsivo, de muy difícil autocontrol, que tiende a actuar de manera espontánea y precipitada. A nivel interpersonal, es irresponsable y se niega o resiste a hacerse cargo de sus responsabilidades personales, conyugales, laborales o económicas. La estructura cognitiva que contiene sus impulsos es pobre, lo que acarrea una fácil trasgresión de los controles, con bajos umbrales para la descarga hostil o erótica, e intolerancia a la demora o frustración; con un estado de ánimo insensible, duro, irritable y agresivo”.
Para los especialistas, la recaída en el consumo de sustancias es un parámetro alarmante y podría facilitar la aparición de factores de violencia.
Desde 2018 está en condiciones de obtener el beneficio de la libertad condicional, pero los informes le juegan en contra.
Lo preocupante es que este personaje va a recuperar la libertad y el Estado todavía no hace nada para evitar volver a poner en riesgo a la ciudadanía.