El Ministerio Público Fiscal anunció la profundización del plan de persecución del delito de microtráfico. Lograron 100 condenas por acuerdo de responsabilidad.
Este lunes el Ministerio Público Fiscal (MPF) publicó que logró superar las 100 condenas por delitos vinculados al microtráfico de drogas en toda la provincia en el primer año a cargo de la investigación de estos delitos en conjunto con la Policía provincial. Además, se recaudaron más de $400 millones en concepto de multas que fueron donados al Estado.
“A través de este centenar de condenas, del debilitamiento económico de las organizaciones y la clausura de los puntos de venta, se está marcando un rumbo que desde el Ministerio Público Fiscal y junto a la Policía provincial y el Ministerio de Seguridad, vamos a profundizar durante este año”, remarcó el fiscal general José Gerez.
La provincia de Neuquén asumió la investigación de la venta minorista de drogas el 28 de febrero de 2025, mediante la sanción de la Ley 3488 que impulsó el gobernador Rolando Figueroa. Esta norma colocó en manos de la provincia la persecución del microtráfico de drogas, que antes dependía de la justicia federal.
Entre el 1 de marzo de 2025 y el 4 de marzo de 2026, un total de 101 personas fueron condenadas en el territorio neuquino por cometer delitos vinculados al microtráfico de drogas, de las cuales 65 son varones y 36 mujeres. Las estadísticas surgen de los registros oficiales del MPF, de acuerdo a lo informado por la coordinadora provincial de Narcocriminalidad del organismo, Mariana Querejeta.
La mayor parte de las condenas, unas 95, fueron impuestas en la primera circunscripción judicial, que comprende las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Añelo y Rincón de los Sauces.
Las restantes corresponden a la cuarta circunscripción judicial, que abarca las ciudades de San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y alrededores, con 3 condenas; la segunda circunscripción judicial, integrada por Cutral Co, Plaza Huincul y alrededores, con 2; y la tercera circunscripción judicial, que incluye a Zapala y las localidades aledañas, con 1.
De las 101 personas condenadas, 100 fueron declaradas responsables mediante acuerdos de pena en procedimientos abreviados. Esto implicó que, ante la calidad de la información recolectada por el MPF y la Policía provincial, aceptaron su responsabilidad en los hechos y las penas, sin que fuera necesario realizar un juicio oral y público para producir la prueba y obtener la sentencia. Es decir, solo una fue a juicio.
Como parte de las condenas impuestas, además se fijaron diversas multas a cada una de estas personas, que en conjunto totalizan $420 millones.
Según informó el MPF, el dinero, de acuerdo a la Ley 3488 que impulsó el Poder Ejecutivo, se distribuyó en el Ministerio de Salud para fortalecimiento de programas y dispositivos para la prevención y rehabilitación derivado del consumo de estupefacientes. Además, en el Ministerio de Seguridad se donó con el objetivo de financiar políticas de capacitación, prevención, investigación, equipamiento y los gastos de los operativos; y en el Poder Judicial para las políticas de persecución y juzgamiento.
Los montos de las penas, en el caso de las efectivas, oscilaron entre los 3 años y 6 meses y 6 años de prisión; mientras que en las condicionales, entre 2 y 3 años.
Sobre las responsabilidades de cada persona condenada, se determinó que en 44 casos cometieron el delito como autores (31 varones y 13 mujeres), lo cual implica que tenían un grado de responsabilidad mayor en las ventas; y 57 lo hicieron como partícipes secundarios (34 varones y 23 mujeres), lo cual indica que vendían bajo el mando de otra persona.
“Las condenas se aplicaron según el rol y el grado de responsabilidad que tuvo cada una de estas personas dentro de las organizaciones que integraban”, puntualizó Querejeta. “Estos son los primeros resultados de un plan de persecución que delimitó criterios claros”, resaltó.
La provincia de Neuquén asumió la investigación de la venta minorista de drogas el 28 de febrero de 2025, mediante la sanción de la Ley 3488 que impulsó el gobernador Rolando Figueroa. Esta norma colocó en manos de la provincia la persecución del microtráfico de drogas, que antes dependía de la justicia federal.
Para asumir esta función, el fiscal general José Gerez conformó la fiscalía de Narcocriminalidad en el ámbito de la ciudad de Neuquén y alrededores, con las fiscales Silvia Moreira y María Eugenia Titanti, bajo la coordinación del fiscal jefe Agustín García; y en las demás circunscripciones judiciales, los fiscales jefes Gastón Liotard, Fernando Fuentes y Gastón Ávila, trabajaron en conjunto con los y las asistentes letrados.
“En este primer año sin dudas se logró un abordaje eficaz de un delito que perturba la paz social y afecta a la salud de los vecinos y vecinas, y frente al cual comenzamos a brindar una respuesta más eficaz y eficiente”, planteó Gerez. También por iniciativa suya, el MPF diseñó un código QR que permite a los vecinos y vecinas realizar denuncias anónimas sobre la venta de drogas en los barrios de toda la provincia. “La participación de los vecinos y vecinas ha sido clave, ya que en este primer año y en toda la provincia recibimos 2.000 aportes”, remarcó el fiscal general.
En simultáneo, se implementó un plan para difundir este código QR, que en la actualidad cuenta con la adhesión de más de 25 municipios, organismos estatales, empresas públicas, comercios y cooperativas; y se impulsó la demolición de puntos de venta de drogas.