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Por segunda vez, deportan del país a un narco de Perú

El delincuente, sobrino de un capo, había reingresado ilegalmente.

El Gobierno expulsó del país por segunda vez al narcotraficante peruano Jhon Paul Revilla Estrada, de 44 años, quien había vuelto a ingresar a la Argentina clandestinamente a pesar de haber sido deportado, en 2017. El delincuente es el sobrino del capo narco Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias “Marcos”, de 57 años.

A mediados de 2017, a Revilla Estrada lo mandaron a su nación de origen por delitos a la ley de drogas. Ayer, se repitió la escena en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en Buenos Aires, cuando la Dirección General de Migraciones (GNM) lo subió a un avión con destino a Lima. De acuerdo a lo informado en un comunicado por el DNM, el 16 de agosto pasado, en el marco de un control vehicular, el malviviente fue identificado y quedó nuevamente detenido, en este caso por violar la prohibición de reingreso al país. El peruano había ingresado a Argentina clandestinamente y los investigadores no pudieron determinar la fecha ni por qué medios.

El organismo dependiente del Ministerio del Interior también explicó que al haber sido expulsado en 2017 por la “ley de extrañamiento”, se dio por finalizado el proceso judicial por el cual el acusado había sido condenado dos años antes por narcotráfico. De esta manera, el único delito vigente ante la Justicia argentina es la violación de la prohibición de reingreso; y por ello, se procedió nuevamente a su expulsión.

Según la investigación llevada a cabo en su momento por la Policía y la Justicia, Revilla Estrada integraba uno de los eslabones de la organización narcocriminal liderada por su tío: recibía y se encargaba de transmitir las órdenes de su pariente cuando iba a visitarlo a la prisión, y manejaba a los sicarios de la banda. Si bien las fuentes aclararon que el ahora expulsado estaba inserto en un nivel inferior dentro de la banda, aseguraron que tenía un poder muy especial debido a sus vínculos concretos y cotidianos con Estrada Gonzáles, más el poder adicional que implica el manejo directo de los sicarios.

Además, la Justicia lo vinculó a dos episodios de asesinatos múltiples sucedidos en el asentamiento del barrio porteño de Bajo Flores, uno en octubre de 2013 en un bar en el que fueron asesinadas cinco personas; y otro en abril de 2015, cuando fueron acribillados cuatro jóvenes paraguayos vinculados a la célula criminal que le disputaba el dominio de la villa.

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