El Juzgado de Instrucción Tres también dispuso un embargo sobre sus bienes o dinero hasta cubrir la suma de 100 mil pesos.
Neuquén> El comerciante sexagenario, que tiene un kiosco en Vista Alegre Sur y una chacarita en Centenario, fue procesado con prisión preventiva por ser penalmente responsable del delito de promoción a la prostitución reiterado (tres hechos). Las víctimas son chicas de entre 13 y 16 años.
La investigación comenzó a raíz de una denuncia presentada por la madre de una de las menores, cuando se presentó espontáneamente en la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas que conduce Sandra González Taboada.
El encarcelamiento del hombre de 62 años, identificado como Héctor Jorge Pieroni, fue resuelto en los últimos días por el titular del Juzgado de Instrucción Tres, Marcelo Muñoz, quien además dispuso un embargo sobre sus bienes o dinero hasta cubrir la suma de 100 mil pesos.
La resolución judicial no se encuentra firme y podría ser apelada por un abogado particular que asiste al detenido. En el momento de prestar declaración indagatoria, Pieroni negó los cargos que se le imputan pero también se manifestó contrario a contestar preguntas respecto al hecho investigado.
El grave delito, que castiga con una pena superior a los seis años de prisión y que en este caso se agrava por ser reiterado e involucrar a adolescentes, fue probado por los investigadores judiciales y policiales.
El magistrado le atribuyó a Pieroni el haber promovido a la prostitución a una niña cuando tenía 13 años, a quien le ofreció mantener relaciones sexuales a cambio del pago de dinero.
Embarazada
Como consecuencia de los indeterminados encuentros sexuales, la menor quedó embarazada y el año pasado dio a luz a una pequeña en un centro de salud de la zona donde ocurrieron los hechos.
Las averiguaciones demostraron también que las conductas impulsadas por el comerciante se produjeron entre el mes de agosto de 2009 y hasta fines del mismo año, en una vivienda de Centenario donde funciona una chacarita, propiedad del procesado dedicada a la compra y venta de chatarra.
Se probó asimismo que Pieroni se encontró con otra de las víctimas en un kiosco de su propiedad ubicado en la localidad de Vista Alegre Sur, y que las prácticas sexuales se concretaron en dependencias de la chacarita, lugar elegido para lograr sus propósitos.
Para los investigadores judiciales, las relaciones sexuales con la tercera víctima también fueron debidamente demostradas y se produjeron al menos en tres oportunidades.
Convincentes
El juez Muñoz construyó las evidencias a partir de las “convincentes declaraciones de las menores, informes de profesionales del Poder Judicial y de los dichos de la denunciante”.
Los testimonios de las jóvenes fueron concordantes y creíbles. Coincidieron en señalar que los primeros encuentros se produjeron en el kiosco de Vista Alegre Sur, donde Pieroni les ofrecía una suma de dinero a cambio de mantener relaciones sexuales.
Se probó que el sujeto les entregaba diez pesos y un número telefónico con el propósito de mantener comunicación y de esta forma pactar o concretar esos encuentros.
Para el magistrado, las evidencias incorporadas al expediente principal resultan lo suficientemente concluyentes para encarcelar a Pieroni.
En las conversaciones previas se comprometía a entregar entre 100 y 200 pesos “siempre a cambio de mantener relaciones sexuales”.
Una licenciada del Gabinete Forense del Poder Judicial sostuvo en su informe de Cámara Gessel realizada a una de las víctimas que su relato es “verosímil en cuanto a la lógica del mismo, la descripción de las interacciones y verbalizaciones del denunciado, las características del vínculo, los detalles de todas las situaciones vivenciadas y de los contextos dónde y cuándo se desarrollaron los hechos”.
También añadió que “no se observan indicadores de que haya brindado un relato mendaz”.
Muñoz señaló en el documento que el delito de promoción a la prostitución condena severamente a la persona que actúa como actor en el hecho sexual, tendiente a degradar los motivos de tal acto.
Se trata de un delito formal y su criminalidad reside en el peligro de que la conducta del autor prostituya a la víctima, circunstancia que para el caso se encuentra demostrada con los dichos de las menores.
Existen, además, elementos en la causa que indican que el condenado habría amenazado en forma reiterada a las víctimas en un claro intento por “eludir el accionar judicial y obstaculizar la averiguación de la verdad, frustrando así los fines de la instrucción”.