La provincia de Buenos Aires sostuvo que el móvil estaba en una situación de emergencia y contaba con prioridad de paso. A qué se debe el fallo de la Justicia.
El choque protagonizado por un patrullero en abril de 2022 derivó en un fallo contra un gobierno provincial. Tras una investigación, la Justicia ordenó al estado pagar una indemnización millonaria a un pasajero que sufrió graves lesiones tras el impacto.
Según la resolución, la víctima viajaba como pasajero cuando el vehículo en el que se trasladaba, fue embestido en una intersección por una camioneta policial.
El hecho ocurrió en una zona urbana de doble circulación, a plena luz del día y en condiciones normales de tránsito. En el choque estuvieron involucrados un patrullero Ford Ranger y un Chevrolet Corsa.
Según está detallado en el expediente, el demandante fue trasladado de urgencia a un hospital municipal, donde recibió atención médica por una fractura en una pierna y heridas cortantes en la cabeza. Todo ocurrió en la localidad de Olavarría, en Buenos Aires.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Azul pudo constatar que productos de estos daños, el hombre estuvo postrado durante varios meses e impactaron de forma significativa en sus actividades diarias y laborales.
El reclamo se dirigió contra la Provincia de Buenos Aires, como titular del patrullero, y contra la propietaria del Chevrolet Corsa. Además, se citó en garantía a las compañías aseguradoras que amparaban ambos vehículos.
La suma reclamada ascendía inicialmente a más de $28 millones, incluyendo daño moral, incapacidad física, gastos médicos y daño psicológico, con los intereses correspondientes.
La defensa de la provincia sostuvo que el móvil policial se encontraba en una situación de emergencia y contaba con prioridad de paso, argumentando que el conductor del automóvil particular habría incumplido las señales de advertencia. En tanto, la aseguradora alegó que el accidente se produjo exclusivamente por una maniobra imprudente del conductor del Chevrolet Corsa.
En la reconstrucción de los hechos, el juzgado valoró la pericia mecánica y los informes médicos. Según el peritaje, el Chevrolet Corsa cruzó la intersección con luz verde, mientras que la camioneta policial lo hizo con el semáforo en rojo. El impacto se produjo en el lateral derecho del patrullero, mientras que el automóvil particular recibió el golpe en la parte frontal.
El fallo analizó la normativa vigente, incluyendo la Ley Nacional de Tránsito, que otorga prioridad de paso a vehículos de emergencia solo si circulan con sirena y balizas activadas. El juzgado determinó que no se acreditó la activación simultánea de sirena y balizas en el móvil policial al momento del siniestro, lo que privó al patrullero de la prioridad legal de paso.
La sentencia consideró que el accionar del patrullero constituyó un funcionamiento inadecuado del servicio público, al infringir la normativa de tránsito y causar un daño cierto al reclamante. La responsabilidad se fundamentó en el deber general de no dañar a otros y en la obligación estatal de reparar los perjuicios ocasionados.
En cuanto a la propietaria del Chevrolet Corsa, el juzgado descartó su responsabilidad, al considerar que el transporte fue benévolo, sin relación jurídica directa con el pasajero, y que la mecánica del hecho no la involucró en la causa eficiente del daño. De igual modo, se desvinculó a la aseguradora de ese vehículo de cualquier obligación indemnizatoria.
La condena principal recayó sobre la Provincia de Buenos Aires y su aseguradora, quienes deberán abonar solidariamente una suma total de $25.687.910,30. El monto se distribuye en tres rubros: daño moral, incapacidad física y daño psicológico.
El rubro de daño moral se fijó en $3 millones, considerando el impacto emocional y las consecuencias en la vida cotidiana del reclamante tras el accidente.
El daño por incapacidad física, valorado en más de $21 millones, se calculó aplicando fórmulas matemáticas y tomando como referencia el salario mínimo vital y móvil, la edad (50 años al momento del hecho) y el porcentaje de incapacidad determinado por pericia médica.
El daño psicológico fue estimado en $800 mil, conforme al dictamen pericial que recomendó tratamiento profesional para superar las secuelas emocionales y adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Los intereses sobre cada monto se calcularán según diferentes tasas, dependiendo del rubro y el período correspondiente.