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De acuerdo a la nueva normativa, una persona que haya sido jefe de Estado “no puede ser objeto de una causa criminal o administrativa, ni tampoco ser detenido, registrado o interrogado”. Esta inmunidad, que también se acordará a la familia de todos los ex mandatarios rusos, ampara de igual manera a su patrimonio inmobiliario, sus medios de transporte y comunicación, y a todos los documentos que le pertenezcan. Además, un ex presidente solo podría perder este beneficio si es acusado de traición o de otro crimen grave, y si estas acusaciones cuentan con el apoyo del Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, dos tercios de los diputados de la Duma y el mismo número de senadores. Tras la sanción, surgieron rumores sobre un alejamiento de Putin del poder, cosa que el Kremlin desmintió.