El gobierno de Mauricio Macri está a punto de producir una rareza, si se toma en cuenta la política de tarifas que ha aplicado hasta el momento. Aunque la luz y el gas aumentaron ya varias veces, el mismo equipo que tomó esas medidas podría decidir ahora una baja en los precios de los combustibles a partir de abril. El consumidor, sin embargo, aún no debería alegrarse, porque las petroleras están presionando para que les dejen aumentar los precios hasta un 7 por ciento.
Las empresas tienen motivos para sostener lo que piden. Por ejemplo, que en 2016 absorbieron una parte de los aumentos y esperaron hasta principios de este año para compensar su situación económica.
A principios de año, el Ministerio de Energía, que maneja Juan José Aranguren, y las empresas petroleras, como YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil, sellaron un acuerdo para revisar cada tres meses los precios de las naftas y el gasoil en el país, cuya aplicación debe ocurrir en la primera semana después del período vencido. En este caso, en los primeros siete días del mes próximo.
El convenio incluye una fórmula específica que contempla la evolución del precio del petróleo, el de los biocombustibles y la marcha del tipo de cambio del peso con el dólar, los tres factores que más influyen en los costos de las empresas. Si se considera la evolución del crudo y del tipo de cambio (el peso está más barato de lo previsto), los precios en los surtidores deberían bajar en abril. Una fuente que participa de las discusiones y pidió reserva de su nombre explicó que las matemáticas arrojaban hasta ayer que el gasoil debería bajar 3,4% y las naftas, 1,9%. Esas cifras incluyen un componente fijo para cada uno de los insumos que tiende a aumentar el precio final. Y podrían sufrir modificaciones en lo que queda de este mes.
Fuentes oficiales de trato frecuente con la Jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, y el viceministro Gustavo Lopetegui explicaron que la decisión final correrá por cuenta de la política. Para eso, esperan tener los últimos números que les pase el Ministerio de Energía.
Eso se debe a que hay varios motivos para no retocar a la baja los surtidores, pese a que así lo indique el acuerdo al que llegaron las empresas y el Gobierno. Ambos lados del escritorio tienen argumentos que pueden resultar convincentes.
Por el lado oficial, aún no definen si una baja en las pizarras ahora será premio suficiente como para compensar el costo político de un aumento mayor en las vísperas de las elecciones de medio término (por un eventual aumento del crudo, los biocombustibles o el tipo de cambio). Dicho de otra manera: los precios de los combustibles podrían mantenerse como hasta ahora y las petroleras deberían compensar el favor con una suba menor en el futuro.
Reclamo privado
Las empresas van un poco más lejos. Lejos de esperar una rebaja que recortaría su facturación, en los encuentros que mantuvieron con funcionarios pidieron subas de entre el 5 y el 7% para el próximo trimestre.
Aunque va en contra de su deseo de contener la inflación, el Gobierno tiene motivos para atender ese reclamo. Por caso, los planes de inversión de la petrolera YPF, que está bajo control del Estado, dependen en más de un 80% de su flujo de fondos, en especial en un período en el que no tiene previsto acudir con insistencia al financiamiento de terceros.