{# #} {# #}
En este caso, no se puede decir precisamente que vayan a pagar justos por pecadores: en Salta se les prohibieron las visitas íntimas a los 54 detenidos por causas de violencia de género y femicidios. Golpeadores y asesinos no podrán tener contacto íntimo con mujeres porque se los considera un peligro.
Esta decisión se tomó luego de que, en enero, Gabriel Herrera matara a su pareja en el penal donde estaba cumpliendo condena por haber asesinado a su esposa en 2006, también en una cárcel, y por intentar matar a otra mujer en la misma situación. La decisión, adoptada por el Ministerio de Justicia salteño, fue confirmada por voceros del Ministerio Público Fiscal de esa provincia. Un caso similar se registró en Córdoba, donde un detenido mató a su pareja en una visita, también en enero.
“Se lo manda a un gabinete psicosocial que evalúa el perfil de riesgo del sujeto, y en función de eso se habilitará o no la visita íntima”. Pamela Calletti Ministra de Justicia de Salta
Herrera asesinó durante una visita íntima a Andrea Neri tras haber hecho lo mismo el 23 de marzo de 2006 con Verónica Castro en la cárcel de Metán, femicidio por el que cumplía condena en el penal de Villa Las Rosas, donde cometió el último crimen. “Este hombre intentó matar a otra mujer. En Metán lo querían matar los otros internos, por eso se lo trasladó a Las Rosas, y volvió a matar. Creo que es un caso único”, dijo una fuente del Ministerio Público Fiscal, quien contó que el doble femicida “ya presentó dos hábeas corpus porque quiere que se lo traslade a Orán y quiere que su mamá lo visite. En la última audiencia, de la semana pasada, dijo: “¡No voy a matar a mi madre!”.
Luego de tres asesinatos de mujeres durante visitas íntimas en cárceles, ahora el gobierno de Salta les prohibió esos encuentros a los detenidos violentos y se comenzó a dar capacitaciones al personal penitenciario sobre prevención y asistencia en violencia de género. También fue intervenida la unidad carcelaria de Villa Las Rosas y fueron relevados provisoriamente de sus cargos el director, Juan Carlos Gutiérrez; el jefe de vigilancia, José Luis Ávalos, y los penitenciarios Fernando Velázquez y Héctor Franco, quienes están imputados por “abandono de persona seguido de muerte, causa a la que se puede sumar el incumplimiento de deberes de funcionario público”, explicó el vocero del Ministerio Público Fiscal.