La iniciativa aclara que durante el período que dure la declaración de riesgo, la Cámara de Diputados deberá sancionar una normativa que permita regularizar este tipo de emprendimientos comerciales a fin de garantizar la igualdad ante la ley, la protección ambiental, la trazabilidad de la mercadería e impositiva y el cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y previsionales, entre otros requisitos. Asimismo, el Ejecutivo provincial podrá prorrogar por única vez los plazos previstos por la iniciativa.
Se advierte en sus fundamentos que el objetivo es prevenir las consecuencias negativas en materia ambiental, social, cultural y comercial que podría posibilitar la instalación de estos establecimientos comerciales.
Y lo más importante: el proyecto sustenta la decisión de suspender por dos años la radicación de ferias en la necesidad de fomentar prácticas comerciales ejercidas dentro del marco legal y que generen una competencia comercial en igualdad de condiciones.
