Neuquén.- “Ellos caen en zonas vulnerables. Fueron a Entre Ríos cuando estaba todo inundado y a La Pampa cuando veníamos de varios años de sequía”, afirmó Marcelo Ponzio, un empresario pampeano quien en 2014 le alquiló dos tractores y una pulverizadora a los Machado, pero nunca recibió un pago ni recuperó los equipos.
El pampeano decidió hacer pública su historia luego de leer la noticia de LM Neuquén sobre que la familia Machado estaría a un paso del juicio oral y público por estafas millonarias. “Apenas vi la nota, reconocí a uno de mis tractores”, afirmó.
Ponzio vive en Realicó y hace más de 30 años que trabaja en el campo junto a sus hijos. Sin embargo, nunca pensó que sería víctima de una estafa de tal magnitud cuando vio en el diario La Arena que pedían maquinarias para trabajar en Vaca Muerta. “Acá en La Pampa todavía este tipo de cosas se hace de palabra. No sé cómo la Justicia permite que esta gente haga estas cosas”, sentenció sobre la confianza vulnerada.
La maniobra
“Como acá estaba todo parado por cinco años de sequía, lo contacté por teléfono. Me preguntó el detalle técnico de los tractores y el padre y el hijo viajaron acá. Vinieron, miraron los tractores, que estaban en perfectas condiciones, y al tercer día mandaron a alguien a buscarlos”, recordó el empresario pampeano sobre su contacto con Fernando Machado y su hijo Mauro. Al poco tiempo, el mismo hombre fue a buscar una pulverizadora.
“Nunca nos pagaron nada, ni una sola mensualidad. Y cuando les reclamamos, se presentaron enojados y dijeron que no los tenían”, comentó Ponzio. Además, lo que terminó de cerrarles la idea de que habían sido víctimas de una estafa fue cuando les pidieron una sembradora que ellos tenían: “Vinieron a buscar una sembradora que allá no sirve, pero no se la dimos”.
Recurrieron a la Justicia
Con los contratos provisorios que habían firmado, Ponzio se acercó hasta la Justicia de La Pampa para denunciar a los Machado. “Cuando se enteraron de que los denuncié, se preocuparon, incluso me hicieron una oferta de unas camionetas o 600 mil pesos”, aseguró con una mezcla de enojo e indignación por la suma irrisoria que le ofrecieron.
En total, Ponzio perdió tres máquinas por un monto cercano a los 12 millones de pesos, tal como se estimó en la causa que lleva la Justicia neuquina. “Si hoy tuviera que comprar esas tres máquinas usadas me costaría cerca de 6 millones de pesos, pero si fueran nuevas serían casi 10, aunque la deuda total se valuó en 12 millones”, detalló el pampeano, que aclaró que como se inició la causa en Neuquén, la de su provincia no continuó. Además, resaltó que la pulverizada era nueva y tuvieron que terminar de pagarla, pese a que no recibieron las mensualidades.
Se espera que a mediados de mes, la Justicia defina si la estafa millonaria va a juicio. Hasta la fecha ninguna de las demandas iniciadas puso tras las rejas a los Machado.
“Los diarios son nuestros mejores fiscales. En la nota del otro día, reconocí mis tractores. No sé por qué cuando allanaron no los detectaron”. “No sé cómo la Justicia permite que hagan estas cosas. Pero parece que siempre van arreglando y van zafando”. Marcelo Ponzio. Empresario de Realicó, La Pampa
Deberán pagar $16.000 por vender autopartes en forma clandestina
A raíz de una investigación de la fiscalía de Actuación Genérica, el 8 de junio pasado se logró desarticular tres autopartes clandestinos y secuestraron más de 5 millones de pesos en mercadería, entre ellas, motores y chasis con pedido de secuestro por robo. Se trata de dos comerciantes neuquinos (Comercial El Chaqueño en Luis Beltrán al 900 y Fantasía El Sauce en Leguizamón al 600) y uno de Plottier (Repuestos Usados Plottier en Santa Fe al 300) que fueron descubiertos con miles de autopartes ilegales en sus negocios. Por el hecho, el fiscal Horiacio Maitini acusó de comercialización ilegal de autopartes a los tres propietarios.
“Las piezas no tenían ni el sticker ni la autorización para venderlas, ni estaban inscriptas en el Registro Único de Automotores y Actividades Conexas (Rudac)”, explicó el fiscal y luego presentó el acuerdo al que habían llegado con los abogados defensores.
Cada uno deberá pagar una multa de 10.000 pesos en cuatro cuotas iguales a partir de abril; realizar donaciones de 500 pesos a una entidad de bien público; presentarse cada seis meses ante la Justicia e informar de cualquier cambio de domicilio, así como abstenerse de usar estupefacientes; todo en el plazo de un año.
Si en ese tiempo incumplieran el acuerdo, se revocaría el beneficio y podrían ir a juicio, explicó el juez Diego Piedrabuena al avalar el acuerdo. “Sí, estamos de acuerdo”, confirmaron los tres acusados (que no tienen relación entre sí) al ser consultados por el juez.