El Gobierno nacional promulgó la ley que limita las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves, aprobada por el Congreso a principios de mes. Es el proyecto que reformó la norma de “ejecución de la pena privativa de la libertad”, que era reclamada por familiares de víctimas y que cobró impulso tras el femicidio de la joven entrerriana Micaela García, crimen por el que está acusado un hombre condenado por violación y al momento del homicidio gozaba del beneficio de la libertad condicional.