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El fiscal general de Salta, Federico Snopek, volvió a quedar en el ojo de la tormenta en el marco de la causa que lo investiga por presunta violencia de género: además de las denuncias producidas por su pareja, quien también involucró el encierro de efectivos policiales en su propia casa, una funcionaria cercana se vio obligada a acudir a la Justicia.
Clarisa Galán Muñoz, quien se desempeña como coordinadora de la defensa oficial federal en Salta y Jujuy, padeció a Snopek durante largos años en diferentes audiencias, reuniones y pasillos. Hace tres años, la abogada ya lo había denunciado por maltrato verbal, pero en aquel momento su acción estuvo radicada dentro del ámbito del Poder Judicial.
Al mismo tiempo, aquella acusación no había logrado prosperar y el propio fiscal federal, integrante de una familia con poder en el noroeste del país, logró mantener su trabajo y su status. De todos modos, la iniciativa de la pareja del letrado impulsó a Muñoz a tomar una decisión similar.
Un equipo interdisciplinario elevó un informe ante la jueza María Carolina Cáceres Moreno, quien falló a favor de la coordinadora. La medida cautelar de la magistrada incluye una restricción de acercamiento a 50 metros de la mujer "en cualquier ámbito"; a su vez, tiene terminantemente prohibido ingresar al domicilio de la abogada. La jueza, por otra parte, instó a Snopek a realizar la capacitación enmarcada dentro de la "ley Micaela" .