NEUQUÉN
Un amparo contra la Provincia presentado por una mujer que padece disminución visual en ambos ojos provocó que el Ejecutivo se comprometiera a emitir un decreto para que en todos los concursos se respete el cupo mínimo del 4 por ciento para personas discapacitadas.
G.A.D. son las iniciales de la mujer que padece una disminución visual de carácter congénito en los ojos. Sin embargo, esta discapacidad no le impidió cursar estudios de perito mercantil con especialidad auxiliar en administración y desempeñarse en empleos en el ámbito privado de manera informal. En septiembre de 2016 y luego de ser dada de baja de una pensión que cobraba por parte de Nación, G.A.D. presentó su curriculum ante la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia, junto a una nota en la que explicaba su compleja y apremiante situación ante la imposibilidad de dar sustento a su grupo familiar. Ante la falta de respuesta, el 20 de enero de 2017 presentó una nueva nota solicitando el ingreso laboral, pero tampoco recibió respuestas. Luego, por acción de funcionarios de la Subsecretaría de Discapacidad y el Ministerio de Ciudadanía se le asignó un subsidio hasta julio de este año.
La mujer no obtuvo respuesta a su solicitud en base a la Ley Provincial 1634, que en su artículo 8 obliga al Estado a incorporar a personas con discapacidad al empleo público con una proporción de incorporaciones que no debe ser inferior al 4 por ciento de la planta anual.
Virginia Fernández, a cargo de la Defensoría Adjunta de Gestión, en representación de G.A.D., presentó una acción de amparo en el que se pidió que se ordene a la Provincia “cumplir en los llamados a concursos externos con el cupo laboral del 4 por ciento destinado a personas con discapacidad”.
El 8 de septiembre, en el Juzgado Civil 3, se realizó una audiencia de conciliación donde se acordó que la Provincia se comprometía a emitir un decreto que ordene en todos los llamados a concurso, en todos los organismos de Estado, a hacer referencia a la Ley 1634.
Lo dice la ley
Una obligación del Estado
La Ley 25.699 establece la obligación de los tres poderes del Estado a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo.
La proporción debe ser no inferior al cuatro por ciento de la totalidad de su personal y el Estado debe reservar ese cupo para ellas.