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El Ejecutivo Provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley a través del cual les solicita a los diputados su autorización para tomar créditos por una suma que estimó en 12.800 millones de pesos. El monto servirá para el goteo mensual del pago del 53% de aumento de los salarios básicos de la totalidad de los empleados públicos provincial, según lo acordado con la Asociación Trabajadores del Estado de Neuquén.
Es el fruto de las negociaciones “relámpago” que el gobierno de Omar Gutiérrez encaró y cerró con el gremio que lidera Carlos Quintriqueo la semana pasada y que concluyeron con éxito el martes último. Abril del 2021 quedará en la historia de esta provincia como el mes en el que la sociedad neuquina soportó una de las protestas sociales más despiadada de las últimas dos décadas, con bloqueos a los yacimientos de petróleo y gas más ricos de la cuenca neuquina y a los accesos de todas las regiones de la provincia. Luego de 21 días de la intifada, la solución llegó de la mano de Gutiérrez y Quintriqueo en menos de 72 horas.
¿Si la solución estaba a mano, por qué se demoró tanto en tramitarla y cerrar el acuerdo? Este cronista ha consultado a distintos protagonistas, al respecto, y la respuesta demora en llegar. Evidentemente, es una cuestión de tiempo. La Pandemia ha generado un delay entre las demandas y las soluciones. Es el mal que afecta a los gobernantes en general.
El MPN en la legislatura ya tendría asegurados los votos para la aprobación del “endeudamiento salarial”. El vicegobernador, Marcos Koopmann, cuenta los porotos pacientemente y de acuerdo al último repaso de la semana junto a los bloques aliados y diputados amigos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio; el número de adhesiones llegaría a 18.
En el bloque de Juntos Por el Cambio aseguran que no hay fisuras y que la idea es llevarlo al Ministro de Economía, Guillermo Pons, para que explique “por qué lo que en noviembre del año pasado rechazó, hoy acepta y avala”. Allí no sólo pretenden hacer sentir la rigurosidad hacia el hombre que maneja la economía de la provincia sino que también irán con serias objeciones hacia la gestión política que lleva a delante el gabinete provincial.
En el Frente de Todos, hay dos vertientes muy definidas. La que juega dentro de las bandas del PJ y los referentes externos que forman parte de la coalición. En este último sector se encuentra el vicepresidente segundo de la cámara, Mariano Mansilla. El abogado navega entre su apoyo al gobierno nacional y el acompañamiento a los oficialismos autóctonos. Es sabida su sociedad política con el intendente capitalino, Mariano Gaido, y la confianza que su sector político genera en el círculo áulico del mandatario provincial.
Teniendo en cuenta su ubicación en el tablero político, resulta más que obvio que el hombre del UNE votará a favor del empréstito para pagar los sueldos de los estatales.
Entre las argumentaciones que ya les hizo llegar a alguno de sus compañeros de bloques está el que evalúa como “un triunfo para los trabajadores (los autoconvocados y los enrolados en ATE y ATEN) el destino de los 12.800 millones de pesos para los sueldos”, y quizás la que mayor pesa es “haber sido parte de las negociaciones en las últimas semanas del conflicto”
Cuando se conoció que la Legislatura había trasladado el aumento del 30% de los legislativos a las dietas de los diputados, llamó la atención que Mansilla no hubiera anunciado primero su renuncia al aumento (cuando el rumor era que era el único que presionaba para que se anulara) y lo hizo después de Ricomini y del MPN.
Ahora, el proyecto de endeudamiento lleva 48 horas de ingresado y todavía evita pronunciarse públicamente, cuando es seguro que votará a favor ya que su espacio político evalúa en comunicados como muy positivo el logro de los trabajadores de salud y él personalmente participó de las negociaciones y es posible incluso del armado de la propuesta de financiamiento.
Ramón Rioseco también fue parte del conflicto y aunque intercedió para acercar a los autoconvocados a mesas de negociación recibió el castigo de Guillermo Pereyra. Así que la diputada Teresa Rioseco seguramente también acompañará la toma del crédito.
Es difícil que Darío Martínez mande a su diputado Darío Peralta a votar en contra, cuando se mantuvo prescindente del conflicto priorizando su buena relación con el gobierno provincial. De esta manera el proyecto ya contaría con los votos necesarios para su aprobación, con la oposición del PJ kirchnerista, el sobischismo, Juntos por el Cambio y el Frente de Izquierda.
Así las cosas, en los próximos 10 días el gobierno neuquino tendrá el aval legislativo para salir a tomar deuda y así calmar las ansiedades salariales de los más de 35 mil empleados públicos. El aumento ubica a esta porción de la población entre los que alcanzaron el mejor reconocimiento de incremento salarial a nivel país. Y en lo que a la provincia respecta, no hay antecedentes de un desembolso de esas características en los últimos 20 años. De hecho, es la primera vez que se tomará un crédito tan importante para solventar los sueldos del personal estatal.
Los actores de la disputa ven al acuerdo como un logro importante que apaciguó los ánimos de la sociedad neuquina. Calmó a los que reclamaban mejores condiciones salariales y al resto de las comunidades que los últimos días exigían al gobierno que diera fin al conflicto de una vez por todas.
Párrafo aparte para la actuación del Poder Judicial que a instancias de la mediación del Ministerio Público Fiscal, administró las primeras dos semanas del conflicto y no dio lugar a una solución con medidas de represión en las rutas, tal como algunas minorías exigían por lo bajo. De no haber sido así, hoy otro sería el cantar.
La salida del conflicto era desde la política y así sucedió.
Pero hay cuestiones que contrastan con cierta algarabía. El bloqueo de 21 días a Vaca Muerta repercutió muy duro no solo en las operadoras que operan en la cuenca neuquina, sino que pegaron fuerte en el racimo de pequeñas empresas neuquinas que prestan servicios a las grandes compañías. Se trata de 16 mil operarios que como no pudieron desarrollar sus actividades en campo, no podrán cobrar sus sueldos correspondientes al mes de abril.
Voceros de las cámaras que nuclean a los empresarios neuquinos indicaron que en conjunto lo que peligra es la liquidación, en sueldos, de entre 1.500 y 2.800 millones de pesos.
Hasta el momento no se sabe si la administración provincial acudirá con dinero “liquido” para asistir a las 16 mil familias afectadas.
Sólo hubo una fuerte reprimenda del Sindicato de Petroleros Privados hacia el sector político y los referentes que encabezaron los bloqueos a Vaca Muerta, culpándolos por las pérdidas económicas ocasionadas.
Como se verá, hubo una solución para la demanda de un sector pero hay otras que permanecen y no tendrían el mismo status.
Con la intifada de abril, en Neuquén, se impuso una nueva casta social por sobre los demás. El empleado público es hoy actor preponderante en la vida institucional porque ha demostrado que del humor de su bolsillo depende el mantenimiento de la paz social.
Los hechos demuestran que la toma de un endeudamiento por 12.800 millones de pesos, más los impuestos que pagan mes a mes el 50% de los neuquinos sirven, exclusivamente, para mantener contentos a menos de un 25% de la población de la provincia. Estamos ante una versión, distorsionada, del funcionamiento del Estado en donde todos ponen para que algunos pocos retiren.
La teoría de quedarse con mejor tajada se ha concretado con todo éxito. Ahora el gran desafío del gobierno provincial y los sindicalistas ligados al Estado provincial es edulcorar la estrategia para que el 75% de los neuquinos restantes no se sientan excluidos. Una misión muy difícil en medio de la pandemia y en donde las exigencias individuales pesan mucho más que por sobre lo colectivo.