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Los vaivenes judiciales generaron polémica y malestar entre los familiares de una víctima de homicidio, luego de que se anulara la sentencia que había condenado al asesino y que ahora el imputado solicitara la prisión domiciliaria. Se trata del asesinato del artesano Esteban Nazareno Bertotto, ocurrido el 23 de septiembre de 2017, por el que fuera condenado Ricardo Fuentes. Esta situación generó incluso problemas de salud en algunos de los familiares de la víctima.
Según pudieron reconstruir los representantes del Ministerio Público Fisca en este caso, Fuentes asesinó al artesano Bertotto en el domicilio de la víctima, ubicada en el barrio San Lorenzo. Luego de golpearlo y asesinarlo, el imputado maniató a la víctima y prendió fuego la vivienda. El cuerpo fue hallado al día siguiente, luego de que personal policial fuera advertido por vecinos del siniestro desatado. Personal de bomberos calificó el incendio, posteriormente, como intencional.
El 8 de diciembre del 2019 se le formularon cargos a Fuentes y se le impuso la prisión preventiva por el delito de homicidio simple en calidad de autor. Luego esa medida fue extendida y confirmada en distintas oportunidades, hasta que en octubre del 2020 se realizó la audiencia de juicio de responsabilidad, en el que se declaró culpable al imputado y luego se le impuso una pena de prisión efectiva.
Sin embargo, finalmente la sentencia fue anulada por la Justicia neuquina y ahora resta establecer la fecha de la nueva audiencia para volver dictar una sentencia contra el asesino del artesano. Ante esta situación, el fiscal del caso Andrés Azar y la asistente letrada Lucrecia Sola solicitaron la prórroga de la prisión preventiva por el término de tres meses, medida cautelar que está pronto a vencer.
En ese sentido, Azar argumentó que la prisión preventiva es necesaria porque sigue vigente la existencia del peligro de fuga y que el imputado estuvo prófugo por más de dos años. “No ha variado la plataforma fáctica, el proceso solo puede ser cautelado con la medida más gravosa”, remarcó el fiscal. Por su parte, la asistente letrada destacó que “la expectativa de la pena es alta, por lo que el riesgo de fuga y entorpecimiento es elevado”.
Mientras que este última semana, en una audiencia realizada mediante videoconferencia, Azar y Sola solicitaron la aplicación de la Ley 3234 que impulsó el fiscal general José Gerez. Tras la sanción, la normativa fue ratificada por la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y estableció la extensión excepcional de la prisión preventiva por un plazo de hasta nueve meses, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19. De esta manera, más allá de la anulación de la sentencia, el imputado seguirá detenido, aunque insistirá con la prisión domiciliaria.
El juez de garantías hizo lugar al pedido de la fiscalía y prorrogó la prisión preventiva por el plazo de tres meses. Los familiares del artesano Bertotto, en tanto, manifestaron su preocupación por los vaivenes de la causa y por la posibilidad de que el asesino de Esteban sea beneficiado con la prisión domiciliaria.