El Senado aprobó hoy y giró a Diputados una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por comunidades originarias hasta tanto se termine el relevamiento catastral que ya debió haber completado el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El proyecto fue aprobado por unanimidad -62 votos- tras una reunión que mantuvieron diputados y senadores con representantes mapuches, qom, wichis, villela, sanavirones, guaraníes, warpes y kollas, que se unieron en el reclamo por la vigencia de la ley, que ya lleva 11 años.
El debate de la norma no sólo se precipitó por su inminente vencimiento -el próximo 23 de noviembre- sino también por el caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado, el 1 de agosto pasado, en el marco de una protesta de la comunidad mapuche en Cushamen, Chubut.
Si bien Cambiemos era proclive a prorrogar la ley contra los desalojos sólo por dos años y medio, el PJ-Frente para la Victoria, que conduce Miguel Pichetto, impuso que el período sea de cuatro años, tal como se viene extendiendo desde 2006.
En una encendida defensa del proyecto, la titular de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas, Magdalena Odarda (Coalición Cívica) consideró que “cuatro años es el plazo mínimo en que podemos pensar para terminar con el relevamiento”, y advirtió que, si no se extiende la ley antes de tiempo, “más del 65% de las comunidades quedarán en estado de vulnerabilidad”.