La jueza de ejecución penal Alicia Rodríguez le bajó el pulgar a la apertura de los penales de Cutral Co y Zapala tras un par de audiencias donde los jefes de unidad de detención dejaron claro que estaban sobrepoblados, con el cupo justo, sin calefacción ni sistema antiincendios, entre otras cosas.
A esto se suma que en los seis meses que llevan cerrados los penales de la provincia, no hubo ni una sola obra de ampliación, por lo que la magistrada solicitó al Ejecutivo que entregue un proyecto viable para solucionar la crisis carcelaria porque se están violando derechos humanos.
El defensor oficial Pablo Borgonovo y la defensora particular Angélica Muñoz solicitaron una audiencia de control sobre el habeas corpus del 24 de noviembre de 2022 por el cual se determinó el cierre de los penales debido a las condiciones de hacinamiento.
Pablo Borgonovo arrancó advirtiendo: “Al día de la fecha, no tenemos novedades sobre obras de ampliación para las unidades de detención de Cutral Co y Zapala. No tenemos ninguna información de cómo se va a solucionar el problema de hacinamiento. Lo que advertimos son perjuicios y agravamientos de las personas que son condenadas”.
Después, describió gráficamente: “La actual situación es como la de un vaso que rebalsa: el vaso son las cárceles y rebalsa personas hacia las comisarías, que están en peor situación porque no tienen nada”.
Ante este escenario, afirmó: “La situación es peor a la de noviembre del año pasado. El hacinamiento sigue estando pese a las mejoras de las unidades. Lo que hay que hacer son más celdas, porque la legislación vigente impide que se exceda el cupo de las unidades de detención”.
Por su parte, Angélica Muñoz destacó: “El Gobierno informó de proyectos de ampliación en los que no se avanzó y, en la actualidad, no podemos poner presos dentro de proyectos y estructuras dibujadas en papeles, hacen falta nuevos espacios porque no están dadas las condiciones para que sigan entrando personas”.
“Esta situación se va a ir agravando en la provincia y estamos en una emergencia carcelaria. La progresión estadística marca que cada vez habrá más personas en contexto de encierro y esto el Poder Ejecutivo no lo previó desde la puesta en marcha del nuevo código en 2014. Esta realidad fue advertida por todos los operadores jurídicos, pero no escucharon”, destacó la letrada.
A la audiencia fueron citados y participaron por videoconferencia los jefes de las unidades de detención, que hablaron en una posición sumamente incómoda, dado que tuvieron que admitir verdades infranqueables y hasta admitieron con vergüenza que no podían recibir ni una persona más.
Ponce, de la unidad de detención 31 de Zapala, reconoció que la capacidad del penal es de 28 personas y tienen 35. “El colapso es porque tenemos un 25% más de internos. En este momento, no todos los internos duermen en cama, tenemos tres internos en colchón en el piso porque no tenemos espacio para colocar más camas”, se sinceró el penitenciario, que admitió que no están en condiciones de hacer la clasificación de internos.
Por su parte, Pablo Cajál, jefe de la unidad de detención 32 de Zapala, explicó que estaban a cupo completo porque había tres internos que habían salido con beneficios momentáneos.
De los 24 presos que tiene de capacidad, hoy hay 22, pero resta que retornen los tres que recibieron beneficio.
Ante una pregunta de los defensores y la jueza, Cajál admitió que desde noviembre cuando se produjo el cierre de las cárceles, “no hubo ninguna obra para la ampliación de cupos, solo obras de mejoras internas como pintar pabellones y celdas, nada de ampliaciones”.
En cuanto a si hay posibilidades de ingresar nuevos internos, Cajál se ciñó a la ley: “Sin una orden judicial, no puede entrar ningún interno. Hoy estamos con el cupo al límite y no sería aconsejable recibir a ningún interno. No soy partidario de tener más internos de lo que la capacidad de la unidad tiene”.
Respecto de las condiciones del penal, reconoció: “La caldera no está en funcionamiento y el pabellón B está sin calefacción. Pero tenemos orden de no tocar las calderas porque están tercerizadas”.
Similar es la situación que se vive en Cutral Co, “donde no encuentran a la empresa que tomó la tercerización para que prenda la caldera”, aclaró la jueza Rodríguez.
Cajál además aclaró que en la U32 “no está funcionando en este momento el sistema de seguridad contra incendio”. “Esto se informó a la superioridad. Se hizo estudio con bomberos y se realizó el requerimiento correspondiente. El reclamo lo elevamos en febrero, pero no hemos tenido novedad”, explicó el penitenciario, que de inmediato bajó la cabeza y hubo un largo y tenso silencio.
Los defensores solicitaron a la jueza de ejecución que siga vigente el habeas corpus y que no ingrese ningún interno más, a lo que la fiscalía adhirió parcialmente.
Luego, Rodríguez detalló con crudeza: “La situación es igual en todo el interior. Los cupos de las unidades parece que sufren inflación, pero la ampliación edilicia no la veo. En casi dos décadas, no vi poner un ladrillo más en las penitenciarías, lo que sí vi es cómo se ha avanzado sobre los espacios de los presos sin perder los espacios propios la Policía, que no resigna sus quinchos ni sus despachos”.
Y advirtió: “Acá hay que observar con detenimiento lo que es la diferencia entre un plan serio y un parche”. Esto lo dijo respecto de los anuncios del Gobierno de construir tres pabellones en la provincia que recién estarían listos en 2026, cuando el sistema está colapsado hoy.
“Tengo que aplicar las leyes que están vigentes, si no, ingreso al delito de prevaricato de jueces”, aclaró
Rodríguez que luego detalló con precisión jurídica cada uno de los tratados y convenciones que se están violando en la provincia del Neuquén. “Todos estos tratados le garantizan al interno una reinserción social, cosa que en esta provincia no está sucediendo”, dijo en forma tajante.
La jueza tomó la decisión de dar la derecha a los defensores y mantener las UD 21, 22, 31 y 32 de Cutral Co y Zapala cerradas. En caso de librarse bacantes serán ocupadas por los condenados que en la actualidad están en las alcaidías de las comisarías respetando el criterio de arraigo, es decir que tendrán prioridad los presos de dichas localidades.
Además, ordenó que se le solicite a la secretaria de Seguridad Marianina Domínguez que presente “un informe con un proyecto serio de solución a la emergencia carcelaria”.
Lo cierto es que la funcionaria provincial de Seguridad parecería contar con un salvoconducto de hecho de parte del Ministerio Público de la Defensa (MPD) que encabeza Vanina Merlo, ex ministra de Seguridad, por lo tanto ex jefa de Domínguez y también responsable de la actual crisis penitenciaria.
Ante este escenario, la defensora de ejecución Luciana Petraglia, tal como lo reveló este medio, elevó un escrito a Merlo donde le dejó en claro: “Observo que el sistema carcelario Neuquino atraviesa una crisis muy profunda (sobrepoblación, falta de acceso a la educación, carencia absoluta de trabajo remunerado, déficits en el acceso a la salud, atraso crónico en el acceso a los derechos penitenciarios, etc) que provoca una devaluación importante de los derechos de la personas privadas de libertad. Sólo podremos cumplir con las mandas internaciones de reconocimiento de derechos humanos cuando logremos que la situación carcelaria se ponga en la agenda del poder ejecutivo y legislativo provincial, para pensar en soluciones a corto y largo plazo, máxime cuando la provincia aún tiene un número súper manejable de personas privadas de libertad ”.
Los dichos de Petraglia a Merlo son de mediados de abril y todavía no hubo una reacción oficial de la titular del MPD que debería analizar intimar a la funcionaria del ejecutivo, su ex compañera, por la violación de derechos humanos, pero esos son solo detalles, total, en esta provincia la reinserción de las personas les importa a muy pocos.