El pistolero, el violador y la jueza que desnudó la crisis carcelaria

La pelea entre un pistolero y un violador en la alcaidía de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul visibilizó la profundización de la crisis penitenciaria, cuya primera etapa fue el cierre de las cárceles de toda la provincia y, ahora, el colapso de las alcaidías. Con presos durmiendo en el piso, en celdas sin agua ni luz, la violación de derechos y tratados internacionales debería preocupar al Ejecutivo provincial, al cual apuntó con dureza una jueza de ejecución en medio de una audiencia pública.

Pero para entender hay que contextualizar, por eso vamos a describir cómo llegamos a la audiencia de principios de febrero donde todas las miserias quedaron expuestas.

El recorrido podríamos decir que comienza en las distintas notas que venimos publicando respecto de la situación penitenciaria de la provincia.

Ya en 2018 explicamos que tras el canje de la cárcel de Senillosa por los terrenos de la U9, ubicada en pleno centro neuquino, todo se encaminaría al colapso si no había un plan de desarrollo de infraestructura de unidades de detención.

Desgraciadamente, el presagio se cumplió porque el Gobierno no proyectó, pero la realidad es que las cárceles y los presos no le importan. Solo se selló un gran negocio con ese canje que sirvió para detonar el sistema penitenciario provincial.

Si no lo creen, hablen con funcionarios judiciales y penitenciarios que saben del tema, pero también revisen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales que en la actualidad están siendo violados con total impunidad.

En noviembre pasado, con las cárceles a tope y tras varias reuniones y avisos previos al Ejecutivo, la jueza de ejecución penal Raquel Gass frenó el ingreso de presos a la U11, el penal más grande de la provincia.

Raquel Gaas jueza

Acto seguido, la jueza de ejecución del interior, Alicia Rodríguez, cerró los penales que están bajo su órbita, también saturados.

De esta forma, en cuestión de horas, todo el sistema penal quedó cerrado por las malas condiciones de salubridad y el hacinamiento.

Esto condujo a que todo nuevo detenido pasara a quedar alojado en las alcaidías de las comisarías.

Sin freno en las detenciones ni soluciones estructurales y edilicias para el sistema carcelario, la crisis se terminaría de profundizar cuando colapsaran las alcaidías, y así ocurrió.

El pistolero

La alcaidía de la Comisaría Sexta de Plaza Huincul se transformó en el botón de muestra del colapso.

Dicha alcaidía está a pleno con sus ocho cupos cubiertos. Para tener en cuenta, son lugares de detención pasajeros que no cuentan con las comodidades mínimas y los presos no están clasificados, por lo que se mezclan perfiles criminológicos incompatibles que terminan teniendo conflictos y protagonizando hechos de violencia extrema.

En esa alcaidía, estaban juntos el pistolero Jairo Muñoz y el violador Néstor González.

Comisaría Sexta Plaza Huincul

Muñoz es un delincuente de pura cepa que tiene un frondoso prontuario con robos con arma y varios abusos de arma (tiroteos).

El hecho por el cual casi da un salto en su carrera criminal fue el homicidio de Daira Danila Acuña.

La madrugada del 8 de octubre de 2021, la joven se encontraba en su vivienda del barrio Belgrano, ex las 450 Viviendas. Sostenía a su hijo en brazos cuando afuera se escucharon detonaciones de arma de fuego. Una bala perdida la terminó alcanzando y le ingresó en la zona del tórax a la altura de la octava costilla, traspasó el estómago y lesionó tanto la arteria aorta como la vena cava inferior.

Si bien la joven fue trasladada al hospital de la localidad, falleció producto de una hemorragia masiva, según consta en la autopsia.

Las pericias balísticas determinaron que los agresores estaban en la terraza del bloque C10 y dispararon en dirección al bloque C7 donde se encontraba la Daira.

Si bien fue condenado en primera instancia, luego se comprobó que uno de los amigos de Jairo Muñoz había sido el autor material del disparo, por lo que a Muñoz se lo condenó por abuso de armas junto con otras causas más que tenía en el haber y terminó tras las rejas.

El violador

Néstor González, de 73 años, violó a su nieta de los 7 hasta los 13 años, de 2013 a 2019.

Cuando la pequeña era llevada por su papá a visitar al abuelo, este abusaba de ella en forma sistemática.

Cada vez que el papá se iba con la pareja de González al supermercado a comprar, el hombre la arrojaba en su cama de dos plazas y la violaba.

El hecho salió a la luz cuando, a principios de 2019, la niña logró develar la pesadilla a un docente de la escuela a la que concurría.

A partir de ahí, se dio aviso a los padres, que de inmediato radicaron la denuncia en fiscalía, y se dio intervención a la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Todas las pericias realizadas a la pequeña demostraron que había sido víctima de abuso y el trauma que sufrió no le permitió hablar en Cámara Gesell por un año.

En 2020, con la ayuda apropiada, la niña pudo detallar el calvario que sufrió con su abuelo.

El hombre fue acusado y condenado por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

En marzo de 2022, se le dictó la pena de ocho años de prisión.

González, por ser mayor de 70 años, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria que se le otorgó por un tiempo, pero luego, al comprobar que en la vivienda que estaba había “circulación de infantes”, se resolvió volverlo a la prisión, pero con las cárceles cerradas pasó a quedar en la alcaidía de la Comisaría Sexta a la espera de que Población Judicializada realizara los informes para que el hombre vaya a otro domicilio.

Convivencia obligada

Tanto Muñoz como González compartían la alcaldía de la Comisaría Sexta, una situación que sería impensada en una unidad de detención que funcione medianamente bien.

La clasificación de presos sirve para establecer una convivencia lo más sana posible, entendiendo que todos están privados de la libertad y ese solo hecho ya genera tensión.

Por lo general, los abusadores y el personal de las fuerzas de seguridad están en pabellones diferentes para evitar incidentes con otros presos.

Dentro de la lógica carcelaria, los presos también tienen sus propios códigos. Los violadores están en el escalafón más bajo de la pirámide criminal, por lo que suelen ser atacados brutalmente. De ahí que se los ubique en un pabellón distinto.

Esta situación es imposible contemplarla en una alcaidía donde, literalmente, se depositan presos.

En la alcaidía de la Sexta, Muñoz ya venía haciendo ruido, generando conflictos e intentos de motín, como así también reclamando por derechos que se le han suspendido por las condiciones de alojamiento que padece. Por ejemplo, no puede tener dos días de visita a la semana porque la comisaría no está preparada para semejante despliegue.

En esas condiciones fue que Muñoz se cruzó con González y el pistolero quiso linchar al violador.

La situación fue crítica para el personal policial de la comisaría, que debió poner a resguardo a González en una celda para contraventores que no tenía nada, ni luz, ni agua, ni cama.

Además, producto de la virulencia de Muñoz, a González no lo dejaban salir ni al patio “para evitar que lo maten”, señaló una fuente oficial a LMN.

Trapitos al sol

En este contexto, se llegó a una audiencia pública a principios de febrero donde el defensor oficial le solicitó a la jueza de ejecución, Alicia Rodríguez, el traslado de Muñoz para garantizar la vida de González. A la vez, pidió celeridad en los informes que debe realizar Población Judicializada para que el violador continúe cumpliendo la condena en prisión domiciliaria.

Para tratar de dar una solución a la problemática, aparecieron en escena los directores de la U21 y U22 de Cutral Co y el titular de la Comisaría Sexta.

El comisario de la Sexta admitió que tienen tres celdas para ocho internos y que a González lo habían puesto en una celda de contraventores en la que le pasaban una manguera para que se bañara porque solo tenía agua en el retrete.

El oficial, bajo juramento, confió que la alcaidía está al límite. Contó que a dos demorados debieron dejarlos en el hall de ingreso a la comisaría y terminó todo mal, a las piñas y con roturas de ventanas. Eso ocurrió porque no tienen dónde alojar demorados.

“Muñoz ya tuvo cuatro situaciones de violencia en la alcaidía. Anduvo a los facazos, se evadió y prendió fuego colchones. Además, amenaza a otros internos a los que obliga a que junten plata para él por medios digitales (estafas) y no lo quieren denunciar por temor a represalias”, se sinceró el comisario Marcos Masone.

Pero el escenario más patético lo brindó el comisario Díaz, titular de la Unidad Penal 21 de Cutral Co. “La unidad tiene capacidad para 32 internos y tenemos 55. Hay 12 presos durmiendo en el piso, en el quincho y en el comedor. Son sectores que no son para alojamiento”, explicó con voz baja Díaz, pero igual quedó grabado en la audiencia pública.

Cárceles hacinamiento

“No hay lugar para alojar ni a un interno más. Por incomodidad, hay internos a los que les estamos gestionando una cama –porque duermen literalmente en el suelo-, hay uno que duerme arriba de una mesa de metal y otro en una banca”, detalló el responsable del penal.

Por su parte, la comisaria Lascano, titular de la U22, reveló la capacidad es para 44 y tienen 46 internos.

Respecto de recibir a Muñoz en la cárcel, señaló que en uno de los pabellones hay familiares de la víctima, por lo que sería peligroso para el pistolero ir a parar a ese pabellón.

Al salir a la luz todas las miserias del colapsado sistema penal, se hizo extensa la audiencia.

Entre idas y vueltas, se confirmó que en el interior provincial está todo saturado, desde las alcaidías hasta los penales; de hecho, la U41 que puede albergar 13 internos hoy tiene 47, “el 300% más”, explicó la jueza.

“Es una bomba”

Para rematar el dramático escenario que viene tratando de esconder el Ejecutivo provincial, la jueza Alicia Rodríguez tomó la palabra y blanqueó la crítica situación.

Vale rescatar que los dichos de Rodríguez son los de una jueza que lleva 20 años recorriendo las cárceles del interior de la provincia y además es integrante de la Asociación Pensamiento Penal, una ONG que lucha para que se garanticen los derechos de las personas privadas de la libertad tal como está establecido en la legislación nacional y las convenciones internacionales.

El trabajo de los penales del interior había sido destacado hasta 2018 cuando se canjeó Senillosa a Nación, algo que hasta el día de la fecha repudian funcionarios judiciales, tanto jueces como fiscales y defensores, por la falta de previsión de parte de Provincia.

Cárceles hacinamiento

“Las cárceles se cerraron porque tenemos un Poder Ejecutivo desastroso, que no toma conciencia de que a las cárceles las han convertido en una fábrica de delincuentes y una universidad delictual. Tenemos un Patronato del Liberado que hace agua por todos lados y no controla absolutamente nada”, arrancó señalando la jueza.

“Estamos viendo el agravamiento de las condiciones de detención de todos los internos. Si nos ponemos a ver las leyes que estamos vulnerando por solucionarle los errores al Poder Ejecutivo, tenemos que apagar la luz e irnos a casa”, aseveró Rodríguez sin pelos en la lengua.

“El Poder Judicial está asumiendo todos los riesgos de un Poder Ejecutivo que no toma conciencia de que se está triplicando el delito por deficiencia e ineficacia de ellos. No funciona el CEPI, no funciona el Patronato, no funciona la Secretaría de Seguridad, no funciona la Legislatura con los presupuestos y no funcionan las soluciones, porque en una audiencia pública y bajo juramento, funcionarios del Ejecutivo dijeron que van a tardar tres años en ampliar las cárceles, pero en tres años la provincia va a estar incendiada. Esto lo digo con el conocimiento de estar haciendo este trabajo desde hace 20 años. Así que a mí no me la vengan a contar”, subrayó la jueza de ejecución.

Rodríguez profundizó sus dichos: “Estamos atajando penales, cuando el Poder Judicial es el que decide y el Poder Ejecutivo administra. Acá está todo cambiado. El Poder Ejecutivo avanza de una manera peligrosa sobre el Poder Judicial. Estamos violando leyes que hemos jurado cumplir, conozco todos los tratados internacionales que estamos violando. El Poder Ejecutivo tiene que tomar conciencia de que está en riesgo la seguridad pública. Esto es la bomba de Hiroshima”.

La jueza también puso el foco sobre la crítica situación y el riesgo que enfrenta el personal penitenciario. “Hay penitenciarios que están preparados para atender presos, pero no es lo mismo atender 20 que 55 y, si siguen así, se van a ir de licencia psicológica”, explicó.

La magistrada también hizo alusión a la precaria situación de la Policía frente al poder político ya que han comenzado a dibujar las cifras de las cárceles para sostener al Ejecutivo.

“Las unidades de detención están comenzando a brindar datos falsos respecto del cupo de las cárceles y la situación. Lo único que falta es que me digan en la cara que no van a obedecer al Poder Judicial”, destacó con preocupación la jueza.

El presagio final de Rodríguez dicta: “Las alcaidías no tienen cocinas porque no están preparadas para hacer de unidades de detención y, cuando venga el invierno, no tienen calefacción en los calabozos. En junio y julio, van a llover los habeas corpus por el frío”.

En resumen, “no se hace lo importante que es lo urgente, la ampliación de las unidades de detención”. “Esto que estamos atravesando tiene una progresión geométrica, pero al parecer, la idea es que esto explote. Yo no voy a ir a juicio político porque el Ejecutivo no hace lo que debe”, afirmó la magistrada.

Antes de concluir la audiencia, Rodríguez terminó resolviendo que el pistolero vaya a la U22, pero a un pabellón donde no se cruce con los familiares de la víctima, y se intimó a realizar los informes al violador.