Crisis carcelaria: ahora denunciaron a la cúpula de Educación

Por negar el derecho a la educación a las personas privadas de la libertad una abogada particular denunció en fiscalía al Ministerio de Educación y al Consejo Provincia de Educación. Se están violando derechos contemplados por leyes, convenciones y tratados internacionales, además de integrar la Declaración Universal de Derechos Humanos. El Gobierno no está garantizando los derechos en medio de una crisis carcelaria que complica aún más el escenario.

La denuncia fue radicada ante el Ministerio Público Fiscal por una abogada particular y en su calidad de defensora explicó: “vengo a denunciar al profesor Adrián Ciancio, dependiente del CEPI, a Oscar Frassone, director Provincial de Técnica, a Ruth Flutsch, presidenta del Consejo Provincial de Educación, y al ministro de Educación Osvaldo Llancafilo”.

El ministro Osvaldo Llancafilo adelantó detalles que tallarán en las paritarias que se avecinan.

El ministro de Gobierno y Educación Osvaldo Llancafilo.

Luego, la letrada brindó los detalles en su denuncia: “habiendo agotado todas las instancias judiciales con un último habeas corpus tramitado en 2022, los denunciados se encuentran cometiendo el delito de incumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos”.

La defensora refiere que dos de sus asistidos que están en distintos penales de la provincia, llevan dos semanas sin clases en ninguno de los niveles, como así tampoco cursos de formación profesional lo que genera el agravamiento de las condiciones de encierro y desigualdad, que a su vez genera graves problemas de convivencia dentro de las unidades de detención, afectando el compromiso cierto de la formación y la progresión de la pena.

“Se afectan así todas las garantías constitucionales de nuestro país y tratados internacionales”, afirmó la abogada en su denuncia.

Ahora, la fiscalía deberá investigar la actual denuncia al igual que la que realizó la jueza de ejecución penal del interior, Alicia Rodríguez, contra el comisario mayor Manuel Parada, director de seguridad interior de Chos Malal, por incumplir una orden judicial y negar así a las personas privadas de la libertad en la Unidad de detención 51 el derecho a estudiar.

Desde hace tiempo, LMNeuquén viene mostrando la precarización del sistema penal neuquino tras el canje de la cárcel de Senillosa por los terrenos de la U9, lo que derivó en el hacinamiento de las cárceles provinciales que fueron cerradas en noviembre pasado por la justicia y a la fecha no han sido habilitadas y ya se saturaron las alcaidías. Es decir, el sistema penal está en su peor momento.

Alicia Rodríguez jueza de ejecución penal.jpg

No solo se trata de denuncias de la justicia local contra el Gobierno, también se suma la multa que le impuso la Justicia Federal a la ministra de Salud, Andrea Peve, por no brindar atención médica a los presos federales del Complejo Penal V de Senillosa. Otro derecho que figura en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que no garantiza el gobierno neuquino.