Multan a la ministra de Salud por incumplir una orden judicial

El juez federal Gustavo Villanueva sancionó con una multa económica (astreintes) a la ministra de Salud de Neuquén, Andrea Peve, por incumplir una orden judicial y no brindar atención médica a los presos de la cárcel de Senillosa. De persistir la posición de Provincia, la Justicia Federal avanzaría sobre el delito de desobediencia, figura que contempla pena de prisión.

El Ministerio de Salud fue notificado de la decisión judicial por miembros de la Policía Federal que se encargaron de llevar el escrito el jueves pasado para su recepción oficial.

De esta forma, queda a la vista la mirada que tiene la actual gestión provincial sobre la situación de las personas privadas de la libertad. Por un lado, las cárceles neuquinas fueron cerradas en noviembre pasado por la Justicia local debido al hacinamiento y las alcaldías colapsaron en febrero. En paralelo, en la Justicia Federal, la Defensa Oficial viene solicitando desde 2020 la atención médica de los internos en los hospitales públicos.

La crítica situación llegó a que se interpusiera, en abril de 2022, un habeas corpus que está vigente y en el cual se destacan los obstáculos que interpone el sistema público para brindar turnos médicos y cirugías a los presos federales.

En 2021, sobre un total de 172 turnos médicos solicitados, se dieron solamente 32, es decir que menos del 20% de los pedidos fueron atendidos.

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Sebastian Fariña Petersen

Derrotero

Ante la falta de respuestas de la Provincia, el juez Federal Gustavo Villanueva emitió sentencia en julio de 2022, donde dictó “el agravamiento de las condiciones de detención de los internos de Senillosa”.

A su vez, el magistrado dispuso, entre las tantas medidas judiciales, “subsanar el agravamiento”. Para ello se intimó a Provincia a que capacite al personal penitenciario en la utilización del Sistema Andes para solicitar turnos y la elaboración de un convenio “que contemple la situación de vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad, las especialidades medicinales no satisfechas internamente, la posibilidad de ampliación de los posibles efectores de salud a los que pueda recurrir, la posibilidad de utilizar el sistema de telemedicina y médicos itinerantes”.

En febrero de este año no habían cumplido con la orden emanada por el juez y se les recordó nuevamente en señal de buena voluntad, pero a mediados de marzo el Juzgado Federal de Neuquén volvió con fuerza sobre el tema.

“Atento al tiempo transcurrido a la intimación cursada tanto al Ministerio de Salud de esta provincia como al Complejo Penitenciario Federal V Senillosa, guardando ambas partes silencio, intímeselos nuevamente a cumplir en un plazo de 72 horas”, rezaba el escrito judicial que también fue desoído.

Lo resuelto por el Juzgado Federal neuquino fue apelado por el fiscal.

Va de multa

Como las formas y los caminos naturales no surtieron efecto, la fiscal federal Cristina Beute, el 27 de marzo, le remitió una nota al juez federal donde le informó: “De la íntegra lectura de los informes remitidos por el Ministerio de Salud, surge que tal organismo no cumplió con la totalidad de las medidas ordenadas, por lo que solicito que se haga efectivo el percibimiento dispuesto en el decreto de fecha 08/03/2023 y se le apliquen los astreintes allí indicados”.

El juez Villanueva de inmediato dio curso al pedido de la fiscal: “Atento el tiempo transcurrido desde la notificación a la ministra de Salud de la provincia de la intimación cursada por este Tribunal-15/3/23, y toda vez que a la fecha los informes presentados cumplen parcialmente con lo requerido, hágase efectiva la aplicación de astreintes”.

La notificación la concretó el jueves la Policía Federal y la recibió el secretario de la ministra, Facundo María Alamo.

Ahora, Andrea Peve tendrá que pagar de su bolsillo, supuestamente, 1000 pesos por día de incumplimiento, y si en 48 horas no da una respuesta a la elaboración del Convenio Marco de Colaboración y la atención médica de los internos, habrá una nueva multa de 1500 pesos diarios para la persona encargada de tramitar la información requerida.

Si bien los valores son simbólicos, dejan a las claras cuál es la posición de la Provincia frente a las órdenes judiciales.

Por este motivo es que la Justicia Federal prevé avanzar con la aplicación de nuevas sanciones como una “desobediencia a una orden judicial”.

En ese sentido, el artículo 239 del Código Penal establece en este caso que la desobediencia “será penada con penas de 15 días a un año de prisión”.

¿Hasta dónde deberá llegar la Justicia Federal para que Provincia obedezca una orden judicial?