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Los diputados del bloque del Frente de Todos, acompañados por Cambiemos y la Democracia Cristiana presentaron en la Legislatura de la provincia de Neuquén, un proyecto de ley que busca suspender “por un plazo de trescientos sesenta y cinco días, todas las actuaciones procesales, dispuestas en todo tipo de proceso judicial, tendientes a la subasta de bienes inmuebles o muebles ocupados o utilizados por prestadores médico asistenciales públicos o privados de internación o de diagnóstico y tratamiento".
Esta iniciativa esta aputada a aquellos profesionales que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud, así como contra los establecimientos geriátricos y de rehabilitación, cualquiera fuere la causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la causa.
Lorena Parrilli, impulsora del proyecto, explicó que se establece que "las sentencias que se dicten dentro del plazo establecido en la presente ley, no podrán ejecutarse hasta su expiración, en tanto importen desapoderamiento de los bienes afectados al giro de la actividad que desempeña y/o traba al normal desempeño de su funcionamiento".
Para la autora, la iniciativa se tratará con urgencia ya que "es imprescindible proteger situaciones como las que vive la cooperativa de trabajadores que administra el policlínico ADOS", cuyo inmueble está a punto entrar en remate judicial por el juzgado que interviene en el concurso preventivo de acreedores. “Las dimensiones de la actual crisis sistémica que enfrenta el Sistema de Salud, quedó aún más en evidencia con la aparición del COVID-19”, añadió.
La idea que impulsan los legisladores opositores se ampara, además en la reciente “ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, que en su Artículo 79 dispuso la suspensión “hastael 31 de diciembre de 2020, las ejecuciones forzadas de los créditos que el Estado nacional, sus entes centralizados o descentralizados o autárquicos, las empresas estatales o mixtas, cualquier entidad en la que el Estado nacional tenga el control del capital o de la toma de decisiones y los entes públicos no estatales, posean contra los prestadores médico asistenciales públicos o privados de internación, de diagnóstico y tratamiento, que cuenten con el certificado de inscripción del Registro Nacional de Prestadores Sanatoriales que emite la Superintendencia de Servicios de Salud, así como contra los establecimientos geriátricos y de rehabilitación prestadores del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”.
Por lo tanto, aseguran que se “hace necesario, con urgencia, que se tomen medidas que garanticen y aseguren a toda la población neuquina el acceso” al servicio de Salud. Interpretan, entonces, que “desapoderar de bienes esenciales para la prestación del servicio de salud no haría más que impedir palmariamente el ejercicio y tutela del derecho de salud”.
“Es por ello que es necesario adoptar medidas necesarias y urgentes para garantizar de alguna forma el derecho a la salud de toda la comunidad neuquina. No cabe duda alguna de que la salud como derecho humano fundamental y de primer orden es reconocida como tal, no solo por nuestra Carta Magna -la Constitución Nacional (CN)-, sino también por el plexo normativo internacional sobre derechos humanos y por nuestra propia Constitución provincial” afirman los legisladores en el proyecto ingresado hoy en mesa de entradas con las firmas de Lorena Parrilli, Ayelén Gutiérrez, Sergio Fernández Novoa, Mariano Mansilla, Soledad Salaburu, Soledad Martínez, Gonzalo Bertoldi, Darío Peralta, José Muñoz, Carlos Coggiola, Elizabeth Campos, César Gass, Leticia Estevez, Luis Ramón Aquin, Ayelén Quiroga, Lucas Castelli y Karina Montecinos, entre otros.