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Seis nuevos acusados se sumaron esta semana a la causa por la brutal agresión en una toma de Vista Alegre del mes de abril, en la que Fernando Paredes (25) fue asesinado de tres tiros por la espalda. La Justicia le formuló cargos a uno como coautor del crimen y a otros cinco por lesiones a sus hermanos.
Cabe recordar que el joven fue asesinado el 25 de abril al mediodía, en el loteo denominado Los Pinos, donde según la teoría de la fiscalía, Paredes (“Ferni”, como le llamaba su familia) fue agredido por un grupo de personas que portaban armas de fuego, armas blancas, palos y ladrillos. Estos increparon al grupo entre los que se encontraba la víctima, a quien Pedro Hernández (acusado dos días después del asesinato) le disparó directamente en por lo menos tres oportunidades, dándole muerte.
Sin embargo, uno de los principales reclamos de la familia de la víctima era que se acusara a más personas involucradas -a quienes además aseguraban ya tener identificadas- tanto por la complicidad con el crimen como por haber agredido a los hermanos de Fernando, también presentes ese día, víctimas y testigos de lo ocurrido.
La investigación, que estaba en manos de la fiscal Sandra Ruixo, pasó al fiscal Andrés Azar tras la jubilación de la primera, quien en estos últimos días presentó nuevas formulaciones de cargos en ese sentido.
“En ocasión del hecho, Shalom Pieroni, Sergio Hernández y Lázaro Pieroni, junto con un grupo de personas aún no identificadas y con la intención de obligar a las víctimas Verónica y Juan Pablo Paredes (hermanos de Fernando) a que salgan del terreno, arremetieron primero contra la humanidad de Verónica y la agredieron físicamente, provocándole lesiones. En dicho sentido, Shalom Pieroni la golpeó con un palo mientras la víctima se hallaba tirada, arrollada en el suelo, oportunidad en que Sergio Hernández le provocó cortes con un arma blanca, mientras que Lázaro Pieroni le tiraba golpes de puño desde atrás y le tiraba de los pelos”, relató el fiscal del caso.
Luego, detalló cómo el hermano de “Ferni” también fue atacado en simultáneo. “En esas circunstancias, Omar Hernández, Sergio Hernández y Mario Lucero, junto con otro grupo de personas no identificadas, agredieron físicamente a Juan Pablo y le ocasionaron lesiones. En ese sentido, los sindicados agredieron con golpes con un palo a la víctima, quien intentaba huir del lugar pasando un alambrado, oportunidad en que se tropieza y es ahí cuando lo golpean todos con patadas por todo el cuerpo”, detalló Azar y acusó a los cinco como coautores del delito de lesiones leves.
Por otro lado, el último de los acusados fue señalado de haber directamente colaborado con el crimen de Fernando Paredes, la víctima fatal de la revuelta de ese día. “Por último, se le imputa a Luciano Pieroni, en las mismas circunstancias de tiempo y lugar del hecho, haber prestado una colaboración necesaria de tal manera que el accionar de los demás acusados no podría haberse cometido en las circunstancias en que efectivamente acaeció. Concretamente, se le imputa haber amenazado con un arma de fuego y apuntar de manera indistinta y amenazante, con el fin de intimidar e impedir cualquier tipo de reacción defensiva de las víctimas o por parte de las personas que se hallaban en el lugar del hecho, todo ello mientras manifestaba a viva voz que ‘no le importaba matar a un guacho de estos’ y que ‘se la iban a pagar’”, informó el acusador en audiencia y le endilgó cargos como partícipe necesario del homicidio agravado por el uso de arma y coautor de lesiones leves.
Por una cuestión meramente administrativa, las nuevas acusaciones se concretaron en dos partes, siendo la segunda audiencia este viernes pasado.
El defensor Ezequiel Espina, quien defiende a los Pieroni y los Hernández junto a Ricardo Mendaña y Melina Pozzer, no se opuso a los cargos endilgados por entender que es una etapa inicial del proceso. El defensor oficial Alfredo Ferreyra, quien representa a Lucero, tampoco desafió la formulación.
Respecto al plazo de investigación de la causa inicial por el crimen, el fiscal solicitó una prórroga de dos meses, para terminar de armar en ese período su acusación contra todos los imputados. De esta manera, la investigación tiene como fecha límite el 27 de diciembre. Azar no requirió medidas de coerción para ninguno de los nombrados.
Tras escuchar a las partes, el juez Mauricio Zabala dio por formulados los cargos y otorgó la extensión sobre el plazo de investigación, atento a las medidas de prueba aún por practicar que le fueron detalladas.