El Gobierno sumó hoy una nueva obligación cuando el tribunal de resolución de controversias del Banco Mundial (CIADI) condenó a la Argentina a pagar 320,7 millones de dólares por expropiar Aerolíneas en el 2008.
El fallo representa otro golpe a las cuentas públicas de la Argentina, que lucha por recuperar su estatus de país que cumple con sus obligaciones ante la comunidad internacional.
Desde Washington llegó la mala noticia, ya que el Estado fue condenado a pagar esa suma millonaria, más intereses, al Grupo Marsans, último dueño de la firma, empresa cuestionada por corrupción en España donde sus directivos están presos.
"El demandado incumplió el artículo IV del Tratado al no haber entregado a las demandantes un trato justo y equitativo de sus inversiones", sostiene el fallo.
La decisión cuestiona "medidas injustificadas al interferir con los derechos de los demandantes respecto de sus inversiones" y acusa al Gobierno de Cristina Kirchner de "expropiar ilegalmente las inversiones" en cuestión.
Además de Aerolíneas Argentinas y Austral, la expropiación contempló a Aerohandling, Optar y Jet Paq.
El 16 de diciembre de 2008, a las pocas horas de que el Senado sancionara la ley que declaró "sujetas a expropiación" las acciones de Aerolíneas Argentinas y Austral, Marsans presentó un reclamo de indemnización por 1.560 millones de dólares.
Además de los US$ 320 millones, el tribunal impuso otros US$ 23,76 millones, más intereses, a la Argentina en concepto de compensación por los daños causados por la expropiación.