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El parlamento catalán declaró la independencia pero el gobierno de España ordenó su intervención

Por amplía mayoría, el cuerpo legislativo votó a favor del separatismo.

El pleno del Parlamento de Cataluña votó a favor de la declaración de la independencia de España, con 70 sufragios a favor, 10 en contra y dos blancos. Sin embargo, el gobierno español ordenó su intervención.

De esta manera, el cuerpo legislativo instó al gobierno regional a iniciar un proceso constituyente cuyo preámbulo, que fue leído ante el pleno, proclama la "república catalana como Estado independiente y soberano".

"Constituimos la república catalana como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", indica la resolución presentada hoy al "Parlament" por el grupo Junts pel Sì del jefe del Gobierno catalán, Carles Puigdemont previa a la votación.

El texto recoge la por las fuerzas nacionalistas en un acto "simbólico", pero la incluye en una parte expositiva que no es la que se somete a votación, aclararon a DPA fuentes del propio Junts pel Sì.

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Los grupos opositores del Partido Popular (PP), los socialistas (PSC) y Ciudadanos se ausentaron del recinto al momento de la votación en señal de protesta.

Mientra Cataluña discutía sus independencia, el Senado español aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución que permite al Gobierno central de Mariano Rajoy intervenir en la autonomía de Cataluña.

El Consejo de Ministros en Madrid acordó el sábado ese paso, inédito en 40 años de democracia, para destituir a Puigdemont y su Gobierno y convocar elecciones autonómicas en un plazo de seis meses, entre otras medidas para frenar el plan independentista. La destitución del "Govern" fue declarada tras la votación en Cataluña.

En cualquier caso, tampoco una declaración unilateral de independencia tendría efectos concretos. El proceso soberanista estuvo marcado por diversas irregularidades y se apoya en el referéndum del 1 de octubre, declarado ilegal por la Justicia.

No se espera tampoco que ningún país reconozca una "república catalana" y la región tampoco podría asumir el control efectivo de su territorio, lo que exigiría que España retirara sus jueces, policías o funcionarios, entre otras cosas.

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