España justifica la intervención en Cataluña por "desobediencia rebelde y sistemática"

El gobierno español del presidente Mariano Rajoy justifica la intervención en Cataluña ante el incumplimiento "deliberado" de las máximas autoridades regionales de sus obligaciones constituciones, a través de un proceso de secesión con "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" que "atenta gravemente" contra el interés general de España.

Así consta en la exposición de motivos de las medidas excepcionales que adoptará hoy el Ejecutivo español para Cataluña con el objetivo de abortar la grave amenaza de secesión, al amparo del artículo 155 de la Constitución española, nunca antes puesto en marcha en 40 años de democracia.

En el texto, que adelantó la prensa española, se señala que el artículo 155 configura un doble presupuesto de hecho posible para su aplicación: el que la Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, y que actuase de forma que atente gravemente contra el interés general de España.

"Ambos concurren en el presente caso", subraya el gobierno español, al tiempo que remarca las medidas propuestas en este procedimiento se planten "de forma garantista" persiguiendo cuatro grandes objetivos: restaurar la legalidad constitucional y estatutaria, asegurar la neutralidad institucional, mantener el bienestar social y el crecimiento económico, y asegurar los derechos y libertades de todos los catalanes.

El gobierno español subraya como presupuesto habilitante para la aplicación del artículo 155 "el incumplimiento manifiesto, contumaz y deliberado de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por sus máximas instituciones gubernamentales y parlamentarias, de sus obligaciones constitucionales".

Por otra parte, en el documento se remarca que "las pretensiones secesionistas están motivando ya un serio deterioro del bienestar social y económico en Cataluña", habiéndose provocado "una progresiva fractura y se han puesto en riesgo las condiciones para el crecimiento económico". También se menciona que "cientos de empresas han trasladado sus domicilios sociales fuera de Cataluña".

"Se constata, así, que los gobernantes de Cataluña no han respetado ni la legalidad sobre la que se asistenta nuestra democracia, ni el interés general al que nuestras leyes responden", asegura el Ejecutivo, que afirma que esta es "una situación improrrogable" y que "es preciso atajar mediante la activación de las facultades que el artículo 155 de la Constitución otorga al Gobierno de la Nación, en cuanto precepto que persigue y preserva –precisamente- estos fines".

El gobierno español recuerda que el artículo 155 de la Constitución de 1978, inédito hasta entonces en la historia constitucional del país -la Constitución de la II República carecía de tal instrumento-, tiene su reflejo en distintos mecanismos de coerción, intervención o ejecución en diferentes sistemas constitucionales del entorno europeo, como el de Alemania, Suiza, Austria o Portugal.

FUENTE: Télam