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La medida se tomó tras un decreto firmado este lunes por el gobernador Omar Gutiérrez y que la da continuidad por un año, tal como estaba contemplado en la propia norma.
La norma fue sancionada por la Legislatura neuquina en 2017 y puesta en vigencia por un decreto de 2018. La ley establece que, a través de la subsecretaría de Recursos Hídricos, el Ejecutivo provincial debe determinar el nivel de alerta de acuerdo con el valor de los indicadores ambientales internacionales.
Implica la identificación, evaluación y solución oportuna de las amenazas que pudieran surgir sobre el patrimonio hídrico de la provincia y que, en el largo plazo, puedan afectar de manera negativa a las personas. “La declaración de la alerta implica una respuesta efectiva para reducir la vulnerabilidad humana al cambio ambiental, reforzando, a tiempo, mecanismos y estructuras ambientales básicas existentes”, dice la norma.
La legislación también dispone que el Ejecutivo provincial y los municipios adopten medidas para conservar la calidad del agua, que serán de cumplimiento obligatorio. El Comité de Alerta Hídrico - Ambiental se creó a partir de la ley y, entre sus funciones, debe elaborar el Plan Estratégico Integral de Alerta (PEIA) de los cursos y cuerpos de agua, y acuíferos de la provincia.
Desde su conformación, el Comité trabaja en la elaboración del plan, para lo cual se establecieron distintas fases metodológicas y la realización de talleres regionales en distintas zonas de la provincia y ciudades; como Neuquén capital, Junín de los Andes, Zapala y Andacollo.
El Comité logró avanzar con la redacción de un documento diagnóstico del PEIA pero todavía no fue concluido, motivo por el que se decidió prorrogar la vigencia de la ley.