La Justicia provincial pidió un presupuesto del orden de los 16 mil millones de pesos, 64 por ciento más abultado que el año pasado para funcionar. El porcentaje surge de comparar sin matices el presupuesto votado para este año con el que está en discusión para el 2022.
El 89 por ciento del presupuesto de la Justicia se destina a gastos corrientes. Estos contemplan los sueldos de los magistrados y los empleados, además de todos los servicios y bienes necesarios para el funcionamiento diario de los tribunales.
Si se contrasta el gasto ejecutado este año con el monto pedido para el año que viene el alza en la partida se reduce al 32 por ciento. Esto porque el presupuesto judicial de este año se quedó corto, con lo cual el Ejecutivo debió girar fondos extras, en buena medida para cubrir la diferencia entre las proyecciones de inflación y la variación real de los precios. No tuvo problemas para hacerlo porque la reactivación económica produjo ingresos públicos por encima de los estimados en el presupuesto en ejecución.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Germán Busamia, fue con los técnicos contables del Poder Judicial a la Legislatura a defender el proyecto de su gestión. El presupuesto de la Justicia está dentro de la pauta general de ingresos y gastos de la provincia, pero lo define el TSJ en virtud de su independencia de los otros dos poderes: el Ejecutivo, que propone y ejecuta la pauta, y el Legislativo, que la somete a votación para darle validez.
En una entrevista con la radio Unco Calf el titular de la Justicia neuquina explicó los números del presupuesto.
“El Poder Judicial de Neuquén comenzó el 2021 con un presupuesto aprobado del orden de los 10.000 millones de pesos, pero vamos a llegar a diciembre de 2021 ejecutando alrededor de 12.000 millones de pesos por incrementos y ajustes producto de la inflación y el encarecimiento de algunos insumos y suministros, fundamentalmente de informática”, relató Busamia.
El presidente del TSJ explicó que la Justicia elabora su presupuesto contemplando como base las pautas macro fiscales consideradas por el Ministerio de Economía de Nación para 2022: una inflación del 33% con el dólar oficial a 131 pesos.
Las estimaciones de la Justicia explicadas por Busamia están sujetas a una estabilidad macro que no existe ahora. La inflación avanza sin muestras de una desaceleración en el futuro inmediato, tanto como las cotizaciones alternativas del dólar. El presupuesto de la Justicia por lo general debe ser reforzado con giros extras del Gobierno porque la gestión cuesta más de lo que se presupuesta.
El presidente del máximo tribunal provincial explicó que una vez afectados los fondos a los gastos corrientes, para los bienes de capital queda el 11 por ciento del presupuesto. En este rubro se anotan las obras y algunas compras relacionadas con la informática.
Busamia dijo que el TSJ está enfocado en la compra de material de informática que sea compatible con las necesidades de la aceleración del proceso de transformación y modernización digital de la Justicia. Advirtió que el mismo se hizo más lento desde que apareció la pandemia y que tiene la intención de apurarlo el año que viene.