La Unidad Fiscal de Delitos Patrimoniales formuló cargos contra los ex empleados municipales del Tribunal de Faltas que fueron acusados de eliminar multas y emitir certificados truchos de libre deuda.
El fiscal Marcelo Jara les imputó el delito de defraudación doblemente agravado por ser cometido por funcionarios públicos y en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautores, previsto y penado en los artículos 45 y 173, incisos 16 y 174 del Código Penal.
El apoderado legal del municipio, Javier Pino, explicó que al tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos, las penas superan los tres años y no se puede aplicar una probation, por lo que, en caso de producirse las condenas, serán de cumplimiento efectivo.
Son tres las personas acusadas: José Riffo, Verónica Pino y Matías Basílico. En el caso de Riffo, era empleado de planta permanente y el intendente Horacio Quiroga -mediante la realización de un sumario- determinó la suspensión sin goce de haberes hasta que se conozca el fallo judicial, mientras que Pino y Basílico eran contratados, por lo que de manera inmediata se dejó sin efecto el vínculo laboral con el Municipio.
Riffo se presentó a la audiencia de formulación de cargos realizada en abril, mientras que Pino estuvo prófuga, se presentó y ayer se produjo la acusación del fiscal Jara. En el caso de Basílico, sigue prófugo y se dictó su pedido de captura nacional e internacional.
142 mil pesos fue lo que se detectó como defraudación. Esos recursos dejó de percibir el erario público de la Municipalidad, aunque la cifra todavía podría ser mayor. Todo fue a partir de una maniobra ilegal de tres empleados comunales que anularon multas que la ciudad debió cobrar.
Adulteración
La investigación judicial pudo determinar que las tres personas, mientras se desempeñaron como empleados del Juzgado N°1 del Tribunal de Faltas, a través de las cuentas oficiales que tenían asignadas alteraron los registros informáticos “que permitieron, como consecuencia de dichas modificaciones, la emisión de libre deuda, supresiones de deudas o modificaciones de estados procesales”.
La fiscalía pudo comprobar un serio perjuicio al erario público, ya que la maniobra defraudatoria, de acuerdo con lo que se indicó, “se complementa con actos posteriores, que en muchos casos consistieron en volver a reinsertar los datos verídicos -una vez concretado el objetivo perseguido- de manera de dificultar y ocultar las modificaciones llevadas a cabo”.
La defraudación fue descubierta en octubre del 2016 y la denuncia fue presentada por el intendente Quiroga en conjunto con la titular del Juzgado N° 1, Gabriela Del Campo.
Tránsito
Otras denuncias siguen en marcha
Después de la primera denuncia, realizada en octubre del año pasado por el propio intendente, se sumó otra un mes después, en la que el fiscal Marcelo Jara aseguraba que se iban a investigar distintas dependencias de la Muni. A partir de allí, este año se conoció el otorgamiento de licencias truchas de remis y particulares, una causa en la que próximamente se conocerán nuevos imputados.