Los magistrados habían quedado fuera del decreto del gobernador Omar Gutiérrez, que a fines de marzo elevó un 4% los aportes y las contribuciones al ISSN de toda la administración pública provincial. El argumento para no incluirlos fue que tenían un régimen jubilatorio especial, superavitario, que se rige por una ley específica.
Esa decisión de no aplicar la suba a los jueces generó críticas entre los sindicatos estatales y, una semana después del decreto, el MPN presentó un proyecto de ley para terminar con la excepción.
La propuesta terminó ayer de circular por las comisiones legislativas, donde cosechó la aprobación de todos los bloques, y está lista para convertirse en ley.
Con el incremento en los aportes, el Estado provincial argumentó que alcanzará para sacar a la obra social de su deficitaria situación, que tan solo el año pasado le valió un rojo en las cuentas del orden de los 1000 millones de pesos.
