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La toma de Valentina Sur rechazó la intimación judicial para desalojar la chacra a la vez que pidió negociar una salida que contemple la entrega de tierras fiscales para los ocupantes del predio, que es propiedad de dos jubilados. En esa línea se expresó Natalí Lezcano, quien viene actuando como vocera del grupo desde el lunes en la noche, cuando comenzó la ocupación.
Más de 300 familias ingresaron a la chacra, adonde instalaron carpas. “Nosotros nos vamos a quedar hasta que se presente algún funcionario”, declaró Lezcano después de que perimió el plazo que contempló una orden de desalojo originada en el Ministerio Público Fiscal, organismo al que señaló la referente como el adecuado para llevar adelante una mediación con los gobiernos de la Municipalidad de la Capital y de la Provincia que conduzca a las soluciones habitacionales reclamadas.
Luego de que el intendente Mariano Gaido rechazara intervenir directamente en el territorio con personal municipal, Lezcano se mostró confiada en una visita del fiscal Marcelo Silva, que tiene a cargo la causa, y del defensor del pueblo de la ciudad, Ricardo Riva. La vocera fue entrevistada después de terminado el plazo de la orden de desalojo en un móvil de la radio LU5 que reportó desde el lugar del hecho.
Lezcano rechazó enfáticamente ser parte de una toma vinculada a intereses electorales o políticos, después de que el gobernador Omar Gutiérrez acusara ese tipo de intervención en las sombras de la ejecución de la ocupación de la chacra.
Los dueños de la chacra son un matrimonio de una mujer de 72 años y un hombre de 88. La tierra no está en producción. La familia denunció desde el sábado que se produciría la toma, como sucedió entre el lunes en la noche y el martes en la mañana. Primero entró medio centenar de personas y luego las primeras 70 familias de las más de 300 que se cuentan en la ocupación.