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A partir de las declaraciones que la candidata a diputada por la ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, realizó en relación a la necesidad de derogar la Ley de Alquileres, desde la Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN) salieron a respaldar el proyecto y afirmaron que el índice para calcular los ajustes anuales es inferior a las cifras de inflación.
Federico Prior, integrante de la UIN, explicó en declaraciones radiales que el índice actual indica que los alquileres contratados, por ejemplo, en noviembre de 2020, deben ajustarse un 49,5%. Si bien el incremento en la cuota es muy alto, aclaró que "está por debajo de la inflación" y que es incluso inferior al que se daría si no estuviera vigente esta normativa nacional.
Según indicó, antes de que la ley se aprobara, los propietarios ya hacían ajustes semestrales del orden del 20%, cuando la inflación era muy inferior. A eso se sumaba otra desventaja: los ajustes eran acumulativos y así terminaban engrosando el porcentaje de incremento anual.
"Hoy en día, las familias destinan el 50% de sus ingresos al alquiler", dijo Prior, quien consideró que aún resta mucho por hacer para modificar cuestiones estructurales que hacen al acceso al hábitat a través de los alquileres. Por eso, señaló que es importante que el Estado haga cumplir esta norma a través de controles más estrictos.
Entre las principales ventajas, Prior señaló que la nueva ley permite hacer contratos por tres años en lugar de dos. De este modo, se dilata la necesidad de pagar los altos costos de renovación y de enfrentar nuevos precios que se fijaban de manera arbitraria por el mercado inmobiliario.
A su vez, aclaró que es positivo contar con un índice de ajuste basado en datos objetivos, ya que los aumentos se calculan en base a un índice donde se involucran los datos de inflación y los salarios promedio. Sin embargo, detalló que "la inflación es muy alta, los salarios no han acompañado y por eso estos índices son difíciles de afrontar".
Para Prior, no es raro que los referentes de Juntos por el Cambio apoyen la derogación de la norma ya que, según él, "representan al poder concentrado". Sin embargo, aclaró que la media sanción de la normativa llegó con el gobierno de Macri y que es necesario que el Estado controle su cumplimiento con más firmeza para solucionar la problemática.