Los Shocklender acusados de liderar red de lavado de dinero

Bs.As.- Los imputados tendrían relación con un grupo de empresas relacionadas entre sí. Algunos de ellos son  financistas y empresarios. Son acusados de convertir inmuebles, autos de lujos, yates y aviones, fondos públicos que eran destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, según el dictamen de Di Lello difundido por un matutino porteño.

Por el momento, según el matutino, pudo acreditarse que existieron cheques por alrededor de cuatro millones de pesos con fondos estatales que iban a ser destinados al gobierno nacional y fueron endosados por Pablo Schoklender, los cuales terminaron en las cuentas de la empresa Antártica, dirigida por Alejandro Gotkin, a su vez director de Meldorek, la firma constructora perteneciente a Sergio Schoklender.

También se pudo establecer que varios de los cheques fueron cambiados en distintas financieras, que cobraban comisión por convertir las sumas en efectivo.

Entre los acusados, además de Schoklender, presidente de Meldorek, se encuentran Gotkin, su mujer, Marcela Zlotogorski; Daniel Laurenti, accionista de Meldorek, antes de que fuera adquirida por Sergio Schoklender; y su socio y piloto, Gustavo Serventich.

Además, el fiscal se pronunció sobre la denuncia que presentaron la semana pasada los diputados de la Coalición Cívica Elsa Quiroz, Maricel Etchecoin Moro y Fernando Sánchez contra Sergio Schoklender por su incremento patrimonial a través de una serie de empresas, algunas de ellas que ya se investigan, como Meldorek SA y Antártica Argentina.

Al respecto, Di Lello requirió la investigación de empresas, financieras y casas de cambio y de sus integrantes.

Esas empresas -según sospecha la Justicia- habrían participado en la maniobra de cobrar cheques y lavar fondos públicos destinados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

Este pedido de investigación se basó en la denuncia de los diputados y en nuevas pruebas que produjo el fiscal antilavado Raúl Pleé, quien colabora con Di Lello en la causa.

El dictamen del fiscal se suma a la causa que tramita  Oyarbide por defraudación al Estado, lavado de dinero y asociación ilícita contra los Schoklender, ex apoderados de la Fundación, y otras siete personas, vinculadas entre sí a través de compañías.

Oyarbide -quien esta semana allanó la Fundación, la Universidad y la sede de las Madres- debe resolver si acepta a la entidad como querellante y si cita a declarar, a pedido del fiscal, a su titular, Hebe de Bonafini.

Di Lello no especificó si la citación de Bonafini debía ser como testigo o acusada para que brinde información sobre datos que no están en el expediente, como la integración del Consejo de Administración de la entidad, quiénes son las 16 personas que fueron echadas de la Fundación y en qué consiste la auditoría que anunció que hará.