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Un grupo de asociados de una cooperativa hoy disuelta, que invirtieron sus ahorros en el sueño de tener su terreno propio en Centenario, quedaron con las manos vacías luego de que los responsables de la asociación se quedaran con su dinero y la municipalidad les retirara la concesión de los lotes. Las denuncias llegaron al fuero penal, pero la fiscalía pretende sobreseer a las mujeres señaladas como estafadoras, y nadie les da una respuesta a las víctimas.
La denuncia por estafa no es reciente, sino que es un reclamo que moviliza a varios compradores perjudicados desde hace años. En el ojo de la tormenta se encuentran dos mujeres que estaban al frente de la Cooperativa Las Flores, a quien el municipio de Centenario le había cedido unos 60 lotes en 2017, al igual que a otras cooperativas. Cada agrupación debía realizar la instalación de servicios y, una vez completo los pagos de cada adjudicatario, entregar el terreno, pero eso nunca pasó.
El loteo se encuentra en la zona de meseta de la localidad vecina, en cercanías del Hospital Natalio Burd. En el caso de Laura, una de las damnificadas que se comunicó con LM Neuquén, ella había comenzado a pagar en 2017 un lote de 360m2 a $75,221. A los pocos meses, pudo terminar de pagar, pero ya antes de finalizar, la actitud de los representantes de la cooperativa era sospechosa.
Según la mujer, nunca se los podía ubicar y tardaban en entregar los comprobantes de pago, los últimos de los cuales nunca fueron recibidos por los socios. "El speech que ellos nos daban era que el contador les tenía retenidos los talonarios de recibo", confió Laura, aunque esto fue luego desmentido por el profesional cuando lograron hablar con él. El tiempo siguió corriendo, las personas al mando se borraron y la entrega de los terrenos nunca se concretó.
"Antes de empezar a pagar, me tomé el laburo de ir a personería jurídica a ver cuál era el estado de la cooperativa, si estaba todo en regla. Me dijeron que estaban todos los papeles bien y después de todo esto, haciendo una investigación más profunda, resulta que habían estado muy mal de papeles durante cuatro años y se habían puesto al día tres meses antes de que yo entre", relató.
Sus sospechas también la hicieron volcarse a las redes sociales, donde dio con la denuncia pública de otra joven damnificada por las mismas mujeres, en 2015. Esto motivó su denuncia en 2018, al igual que la de otros ocho socios damnificados.
"Hubo gente que sacó prestamos para pagar eso, otros que entregaron vehículos en parte de pago. Nosotros pagábamos cuotas a la cooperativa y ellos a su vez tenían un plan de pago de cuatro cuotas iguales a la Municipalidad de Centenario. Muchos de nosotros terminamos de pagar el terreno, pero esta gente le pagó solo dos cuotas al municipio y después no pagó mas. El resto de la plata se la embolsaron", sostuvo Laura.
El convenio que se firmó inicialmente entre el gobierno local y la cooperativa -hoy inexistente- claramente dejaba por escrito que "el incumplimiento de alguna de las cláusulas, dará lugar a la pérdida total de los lotes".
De hecho, así sucedió: este medio pudo conocer en julio de 2020 que el municipio dio por caducado tres de los convenios por diversos incumplimientos, uno de los cuales era el acordado con Las Flores.
"Hoy esos terrenos están asignados a otras personas. Nosotros hicimos presentaciones, iniciamos un proceso legal y la investigación la hice yo sola, buscando a cada una de las partes, presenté cada una de las pruebas habidas y por haber, nos citaron a todos presentando cada uno los recibos de pago. El fiscal Marcelo Silva no movió un pelo. Muchos de los testigos nunca fueron convocados, la investigación la hice yo y se la serví en bandeja", explicó la mujer, indignada.
La causa nunca avanzó demasiado; Laura explicó que en un comienzo la excusa era que, debido a la pandemia, se les daba prioridad a otras investigaciones por delitos más graves. Luego, saltó la posibilidad de ir a mediación, pero finalmente eso nunca se concretó, y las mujeres fueron acusadas por estafa. Pero en junio de 2020, les llegó la notificación del pedido de sobreseimiento para ambas.
Según pudieron enterarse los denunciantes, la perito caligráfica de la Policía que debía peritar la letra de los comprobantes de pago entregados por las víctimas, dijo que el material no era suficiente para establecer correspondencia con la caligrafía de las acusadas. Más allá de eso, Laura sostiene que "nunca nos dieron justificación. Los abogados objetaron y pidieron una reunión con el fiscal Silva, pero no lograron nada".
De esta manera, las nueve víctimas que avanzaron hasta la etapa legal se quedaron sin terreno y sin ahorros, aunque los socios damnificados serían alrededor de 30.
Más allá de entender que ya no podrán acceder a los lotes que pretendían obtener, lo que más preocupa a los denunciantes es poder recuperar todo el dinero invertido, que si se da el cierre de la causa, temen que ya nunca vuelva.