Tras más de una semana de bloqueos y protestas, la crisis política en Bolivia genera creciente preocupación en América Latina.
Actualmente Bolivia atraviesa una de sus crisis políticas más agudas de los últimos años. Desde hace once días, manifestaciones con bloqueos de carreteras en la zona andina paralizan el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible a La Paz, mientras crece la presión sobre el presidente Rodrigo Paz para que abandone el poder.
Este sábado, el Gobierno boliviano respondió a las manifestaciones con un operativo conjunto de fuerzas policiales y militares para reabrir las rutas cortadas. La iniciativa, bautizada "Corredor humanitario", desplegó unos 2.500 policías y 1.000 soldados en los principales accesos bloqueados.
Según uno de los jefes policiales a cargo, el objetivo no es confrontar a los manifestantes sino garantizar el paso de asistencia básica y permitir que turistas varados en distintos puntos del país puedan regresar a sus hogares. "El trabajo que nos corresponde es desbloquear las vías, garantizar la libre circulación y velar por los valores más fundamentales que están establecidos en la Constitución”, expresó.
Detrás de los cortes están la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos "Tupac Katari", que consideran al actual presidente Paz incapaz de resolver los conflictos del país y exigen su renuncia. Se estima que hay alrededor de 20 piquetes en simultaneo.
A eso se suma una columna de seguidores del exmandatario Evo Morales —en el poder entre 2006 y 2019— que marcha hacia La Paz y prevé llegar el lunes con la misma demanda.
El Gobierno respondió con una acusación fuerte: denunció un "plan macabro" orquestado por Morales para romper el orden constitucional, supuestamente financiado por el narcotráfico. El exmandatario negó esos dichos.
Ocho países latinoamericanos —Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú— emitieron un comunicado conjunto rechazando cualquier intento de desestabilización institucional y expresando solidaridad con el gobierno boliviano.
En este sentido, incitaron a las partes involucradas a "canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social”.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica, pidieron en las últimas horas que se abran corredores humanitarios que garanticen el paso de ambulancias, medicamentos, alimentos y combustible.
En medio del desabastecimiento, el gobierno de Javier Milei decidió intervenir. A pedido de las autoridades bolivianas, Argentina despachó un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea para realizar puentes aéreos con alimentos y bienes esenciales.
El canciller Pablo Quirno describió la medida como una colaboración "de carácter humanitario y temporal", enmarcada en el buen momento que atraviesa la relación entre ambos países desde que Paz asumió la presidencia.
El mandatario boliviano agradeció públicamente el gesto a través de su cuenta de X, destacando que el apoyo argentino "representa un alivio vital para nuestras comunidades".
Milei respondió en la misma red y ratificó el respaldo de Argentina al gobierno democrático boliviano y apuntó contra quienes, según sus palabras, buscan "desestabilizar y obstaculizar el camino de la libertad y el progreso".