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Uno de los acusados por la megacausa de estafas con planes sociales fue suspendido del proceso por 3 meses. No significa que quede absuelto.
El juicio por una de las causas más resonantes en la provincia de Neuquén, el que investiga las presuntas estafas con planes sociales, tiene fecha de inicio: será el 21 de julio, justo después de la feria judicial. Sin embargo, uno de los principales acusados, Julio Arteaga, no estará presente ¿Qué pasó?
Según se informó oficialmente, la Justicia decidió suspender temporalmente el proceso en su contra por razones de salud. La decisión fue tomada por la jueza de Garantías, Carina Álvarez, tras un pedido realizado por la defensa del imputado, al que la fiscalía no se opuso.
De acuerdo con los informes médicos presentados por los abogados de Arteaga, el imputado atraviesa una situación psicofísica delicada que, según los profesionales de la salud, le impide enfrentar un juicio en este momento. Lo contrario podría agravar su estado.
En base a esta información, y amparándose en las leyes que protegen a las personas con discapacidad, la jueza resolvió suspender el juicio sólo en relación a Arteaga, durante un plazo de tres meses. Pasado ese tiempo, se evaluará nuevamente su estado para ver si está en condiciones de participar del proceso.
No. La suspensión no implica que haya sido declarado inocente ni que quede fuera del caso de manera definitiva. Simplemente, su situación queda en pausa, hasta que la Justicia reciba una nueva evaluación médica dentro de tres meses. Si se determina que puede participar, se fijará una nueva audiencia para juzgarlo.
Por el momento, el juicio continuará con el resto de los acusados, tal como estaba previsto.
La causa investiga un posible esquema de fraude con planes sociales, mediante el cual se habrían inscrito personas de forma irregular para cobrar beneficios estatales. Según la fiscalía, estas maniobras se habrían realizado de manera organizada, desviando fondos públicos.
Julio Arteaga está imputado como la persona que le dio un marco de legalidad a la maniobra, en vez de denunciar las irregularidades. Además, habría cobrado nueve cheques por $440 mil.
El 12 de abril, el juez de garantías Juan Pablo Balderrama homologó los últimos dos acuerdos de condena presentados por el Ministerio Público Fiscal. Comprendieron a Rodolfo López y a Adrián Meza Lizama. Se trata de la última tanda de acuerdos impulsados por la fiscalía para resolver antes del juicio la situación de aquellos imputados con participaciones de menor relevancia.
En total, las condenas previas al juicio alcanzaron a nueve personas:
"Todos aceptaron haber integrado la asociación ilícita y haber realizado tareas complementarias, como extraer dinero de los cajeros automáticos o cobrar cheques, para luego entregar la recaudación a los imputados a los que se les atribuye mayor responsabilidad dentro de la maniobra", precisó el Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, el organismo judicial recordó que "las condenas fueron por 3 años de ejecución condicional y cumplimiento de reglas de conducta, además del pago de sumas de dinero a instituciones de bien público" y aclaró: "En un caso se reparó la totalidad la suma reclamada, además de que la Fiscalía de Estado anticipó que avanzará en los reclamos correspondientes en el fuero Procesal Administrativo, más allá del resultado del juicio Penal".
La teoría del caso de la fiscalía es que desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022, funcionarios públicos y empleados del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo de Neuquén; y particulares que colaboraron de manera externa a cambio de un beneficio económico, integraron una asociación ilícita con estructura piramidal que se apropió de $153.377.900 (monto histórico, sin actualizar).
Con roles y funciones predeterminados para cada uno de sus integrantes, realizaron un total de 9303 hechos de estafa, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones que habían sido creadas para atender demandas sociales generadas por situaciones de desempleo.
Respecto de las personas imputadas incluidas en la acusación, el equipo integrado por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Narvaez y las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, pretenderá penas superiores a los 3 años de prisión efectiva.
En el primer nivel de la pirámide se ubicaban los jefes: Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; Marcos Ariel Osuna, ex responsable de Gestión de Programas del mismo organismo; Abel Di Luca, el exministro de Desarrollo Social; y Tomás Siengentharler, el excoordinador de Administración de esa cartera.
Luego, la investigación determinó otros cuatro niveles:
-Colaboradores: Luis María Gallo, Laura Carolina Reznick, Julieta Oviedo, Julio Norberto Arteaga.
-Reclutadora: Isabel Natalia Montoya.
-Recaudadores: Valeria Noemí Honorio, Ariel Oscar Krom, Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras.
-Beneficiados por la maniobra: Alfredo Andrés Cury, Fernando Cardozo Regidor.