Estafa con planes sociales: el papel clave del auditor de la Contaduría

La organización criminal de la denominada causa Planes Sociales, que montó un esquema de corrupción en la administración de subsidios sociales destinado a los desempleados y desvió más de 153 millones de pesos, tuvo una pieza clave: el auditor Julio Norberto Arteaga.

La investigación, encabezada por los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, reveló que el fraude involucró a funcionarios de alto rango del Ministerio de Desarrollo Social, empleados públicos, abogados y militantes.

Se trató de una minuciosa maniobra que incluyó distintos trámites de desvíos fondos de subsidios públicos, destinados a los desempleados, entre el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de julio de 2022.

Hay 19 acusados que son llevados a juicio por los delitos asociación ilícita, fraude a la administración pública y defraudación especial.

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Ricardo Soiza, Abel di Luca, Pablo Sanz y Marcos Osuna, señalados como los principales jefes de la asociación ilícita.

Adicional Rivadavia

La organización criminal funcionó como una estructura piramidal en la que cada integrante cumplía un rol preciso. Tuvo cinco cabecillas de alto rango: Orlando Abel Di Luca, quien desempeñaba el cargo de subsecretario de Desarrollo Social hasta diciembre de 2021 y luego asumió como ministro de Desarrollo Social de Neuquén; Tomás Siegenthaler, titular de la Coordinación de Administración del Ministerio de Desarrollo Social; Ricardo Nicolás Soiza, a cargo de la Dirección Provincial de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización de la Unidad de Gestión de Planes; y Marcos Ariel Osuna, jefe del Departamento de Gestión de Programas.

El esquema comenzó con la creación de un listado paralelo de beneficiarios del “subsidio provincial por desocupación laboral”. Aunque existían beneficiarios legítimos, los responsables incluían a personas que no cumplían con los requisitos o directamente no existían. Este listado paralelo era utilizado para extraer dinero mediante cheques y tarjetas de débito de cuentas bancarias asignadas a esos "beneficiarios".

La maniobra se desarrollaba mes a mes con la emisión de cheques falsos y la extracción de dinero en efectivo de cajeros automáticos el Banco Provincia del Neuquén (BPN). Los cabecillas daban la apariencia de legalidad a los trámites, permitiendo que el dinero fluyera hacia las cuentas controladas por la organización delictiva.

Había un archivo de Excel con todos beneficiarios del subsidio. Ese archivo, que recibía el BPN, incluía una solapa, “Adicional Rivadavia”, donde figuraban los beneficiarios en cuyas cuentas se depositaban los fondos que después retiraba la organización.

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Tomás Siengentharler, otro de los cabecillas de la organización criminal.

El rol del auditor

Como auditor de la Contaduría General, Arteaga tenía la responsabilidad de verificar que los trámites administrativos de los subsidios sociales se hicieran correctamente, conforme a la Ley provincial 2141.

Su función era clave, ya que debía asegurar que los pagos se realizaran a los beneficiarios reales y que el dinero no se desviara. Sin embargo, Arteaga omitió deliberadamente observar las irregularidades en los expedientes que revisaba.

A lo largo de los dos años que duró la maniobra, Arteaga emitió informes de control en los que aprobaba sin observaciones los trámites administrativos que contenían datos falsos. Tampoco cuestionó los listados paralelos, ni las discrepancias entre los beneficiarios que figuraban en los papeles y aquellos que realmente cobraban el dinero.

Esta omisión fue vital para que la maniobra continuara sin ser detectada por otros controles.

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Para los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, el rol del auditor Julio Arteaga fue clave para darle legalidad a la maniobra.

Claudio Espinoza

¿Por qué Arteaga es una pieza clave?

Si Arteaga hubiese cumplido con su deber de auditar correctamente los expedientes, habría detectado las diferencias entre los listados oficiales y los paralelos. Podría haber identificado las irregularidades en los montos asignados, los pagos a personas que no cumplían los requisitos y la falta de documentación de los beneficiarios reales.

Su rol como auditor le daba el poder de frenar la maniobra desde su origen. Si hubiese observado y reportado las inconsistencias, el esquema fraudulento no habría tenido la continuidad.

Su omisión y complicidad facilitó la maniobra y permitió que la defraudación escalara a 153.377.900 pesos.

En lugar de denunciar las irregularidades, Arteaga facilitó todo emitiendo informes que legitimaban los trámites y blindaban la maniobra ante otros organismos que pudieran investigarlo. Además, se benefició personalmente, recibiendo 441.000 pesos mediante el cobro de nueve cheques.

Para la fiscalía, Arteaga le dio una fachada de legalidad a la maniobra de la organización cuando en verdad podría haber advertido las irregularidades. Su rol fue clave y se transformó en pieza bisagra para que la red criminal pudiera funcionar en forma aceitada durante los dos años.