El gremio docente pidió intervenir en la causa judicial y acusó a la cooperativa de usar su nombre para legitimar un esquema de captación ilegal de fondos.
La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) decidió ir a fondo contra Jorge Salas y la Cooperativa 127 Hectáreas para recuperar las 44 casas que se les adeuda a un grupo de docentes. Será querellante de la causa, y apura la formulación de cargos contra el líder cooperativista.
Se trata de la causa judicial por el caso de “La Sirena Unificada” donde el sindicato docente solicitó formalmente ser admitida como querellante particular. Se lo plantearán a la fiscal del caso, Rocio Rivero, quien en estas semanas podría decidir el futuro procesal de Salas, quien sigue siendo presidente de la cooperativa.
La presentación fue realizada por la secretaria general, Fany Mansilla, y la adjunta Cintia Galetto, quienes sostuvieron que el sindicato representa a los afiliados afectados, que también fueron víctimas directas de una operatoria fraudulenta que, según denunciaron, utilizó su estructura institucional para generar confianza y captar fondos.
En el escrito elevado a al Ministerio Público Fiscal, ATEN apunta contra las autoridades de la Cooperativa de Vivienda y Consumo “Las 127 Hectáreas La Sirena Lida”, a quienes acusa de haber montado un esquema que excede los casos individuales y configura un “fraude institucionalizado”.
Según el planteo, el mecanismo incluyó la utilización de un convenio marco firmado con el gremio como una suerte de “puesta en escena” —una mise en scène— destinada a inducir a error a trabajadores que confiaron en el respaldo sindical para acceder a una vivienda.
Ese punto es central en la denuncia y es que el gremio sostiene que su nombre y prestigio fueron utilizados para dotar de una falsa apariencia de legalidad a un sistema que, en realidad, perseguía la captación ilícita de fondos.
Además del perjuicio económico a los afiliados, ATEN argumenta que la maniobra generó un daño directo a su credibilidad institucional y a su patrimonio moral, al quedar asociado públicamente a una operatoria que ahora es investigada por la Justicia.
En ese sentido, el sindicato fundamentó su pedido de querella en tres ejes principales: la afectación de intereses colectivos vinculados al acceso a la vivienda, el daño institucional sufrido y la necesidad de fortalecer la persecución penal en una causa que ya tiene múltiples víctimas.
A todo esto hay otro componente extraño en este conflicto. Hace unos días hubo elecciones en la cooperativa y Salas quedó nuevamente como presidente. Pero asumieron además, dos personas que estuvieron relacionadas con los gremios, como Gustavo Aguirre (ex ATEN) y Edgardo Cherbavaz (ex Sejun). Los dos le tiraron munición gruesa al abogado Mariano Mansilla, a quien acusaron de entorpecer la causa "de mala fe".
Pero hacia el interior del gremio creen que esas declaraciones esconden otra cosa. Una vieja pelea interna que nada tienen que ver con las causa, y que se usaría como una pantalla para instalarse, y actuar como voceros de Jorge Salas.
Como parte de la presentación, ATEN también solicitó la acumulación de esta ampliación al legajo principal denominado “Sirena Unificada”, al considerar que existe identidad de hechos, de personas involucradas y de pruebas, lo que permitiría evitar resoluciones contradictorias y agilizar el proceso.
En paralelo, el gremio pidió a la fiscalía que avance “a la brevedad” con la formulación de cargos contra el principal apuntado, identificado como Salas, y otros posibles responsables, en función de la gravedad de los hechos denunciados.
El movimiento de ATEN marca un cambio en la causa ya que deja de ser solo un conflicto entre particulares para convertirse en un caso con impacto colectivo y con un actor institucional que busca tener un rol activo en la investigación.
La definición de la fiscalía sobre la admisión como querellante será clave en el rumbo del expediente, en un contexto donde crece la presión por esclarecer el destino de los fondos y determinar responsabilidades en una operatoria que, según la denuncia, afectó a numerosos trabajadores de la educación.