Se reactiva la polémica por la negociación política que rodeó la Ley Bases, luego de que el oficialismo lograra reconfigurar el poder en el Senado.
El ingreso del pliego de la ex senadora neuquina Lucila Crexell para ser designada embajadora argentina vuelve a poner en movimiento una fogosa discusión que había quedado en suspenso desde 2024 pasado.
La nominación reabre la polémica que se generó ese año, cuando se denunciaron presuntas irregularidades vinculadas a la negociación política que rodeó la aprobación de la Ley Bases en el Senado.
El trámite formal reactiva así un proceso que había quedado virtualmente congelado cuando aparecieron denuncias judiciales que apuntaban a un posible intercambio político entre el voto de la legisladora neuquina y su posterior designación diplomática.
Aunque el borrador inicial del decreto mencionaba una representación ante la UNESCO en Francia, actualmente esa embajada ya se encuentra ocupada y el pliego remitido al Senado propone la designación de Crexell como embajadora sin especificar destino. En ámbitos parlamentarios se menciona que el destino diplomático podría ser Canadá, aunque esa posibilidad no figura formalmente en el documento enviado para su tratamiento.
En los pasillos del Congreso incluso circula una ironía: como la embajada ante la UNESCO está en París y ya tenía ocupante, algunos bromean con que se buscó otro país donde también se hable francés. De ahí que aparezca Canadá como posible destino.
Lucila Crexell es hija de la histórica dirigente del Movimiento Popular Neuquino, Luz Sapag, y nieta de Elías Sapag, uno de los fundadores del Movimiento Popular Neuquino y figura central en la construcción del poder provincial durante décadas.
En 2013 fue electa senadora nacional junto al ya fallecido dirigente del sindicalismo petrolero, Guillermo Pereyra. Posteriormente, en 2019, volvió a ingresar al Senado tras integrar la lista encabezada por el entonces intendente de la ciudad de Neuquén, también fallecido Horacio Quiroga, en una singular configuración política.
La muerte repentina de Quiroga pocos días antes de asumir abrió una disputa política y judicial por la banca. En un primer momento se interpretó que el reemplazo debía recaer en el primer suplente de la lista, Pablo Cervi. Pero a partir de la aplicación de los criterios de paridad de género en la conformación del Senado, Crexell apeló el nombramiento de Cervi.
La controversia escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente resolvió que la banca debía ser ocupada por Crexell, ratificando su ingreso a la Cámara alta en reemplazo de Quiroga.
Con el correr de su mandato fue modificando su posicionamiento en el escenario político nacional, manteniendo un perfil independiente en varias votaciones y ocupando en distintos momentos un rol clave en debates parlamentarios con números ajustados. Esa posición se volvió especialmente relevante durante el tratamiento de la Ley Bases, cuando terminó alineándose con el oficialismo de Javier Milei, contribuyendo a inclinar una votación decisiva en el Senado.
La polémica comenzó en junio de 2024, pocos días antes de la votación de la Ley Bases en la Cámara alta. En ese contexto trascendió el borrador del decreto para designar a Crexell como embajadora ante la UNESCO, lo que despertó sospechas de que el ofrecimiento del cargo pudiera estar vinculado a la votación legislativa.
El voto de la senadora neuquina era considerado clave para el oficialismo en un escenario de extrema paridad. Finalmente, Crexell acompañó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei.
La situación derivó en una denuncia penal que planteó la posibilidad de que el ofrecimiento del cargo diplomático hubiera sido utilizado a modo de “coima” o dádiva en el debate parlamentario.
Desde el oficialismo relativizaron la controversia y enmarcaron el episodio dentro de la lógica habitual de la negociación parlamentaria necesaria para construir mayorías.
El pliego vuelve ahora al Senado en un contexto muy diferente al de 2024.
Tras las últimas elecciones legislativas, el oficialismo y sus aliados ampliaron su influencia en varias de las comisiones más relevantes de la Cámara alta, lo que facilita el tratamiento de designaciones y proyectos que anteriormente encontraban mayores resistencias.
En ese nuevo mapa político, la designación de Crexell aparece nuevamente en la agenda parlamentaria.
El reingreso del pliego también se produce en medio de una fuerte discusión institucional en el Senado por la composición de algunas comisiones estratégicas.
Dirigentes de la oposición denuncian que el oficialismo logró alterar el equilibrio interno de la Cámara de manera inconstitucional, mediante acuerdos entre bloques que, si bien formalmente figuran como minorías distintas, actúan políticamente alineadas con el gobierno.
El cuestionamiento se vincula con lo establecido en el artículo 92 del Reglamento del Senado, que dispone que la integración de las comisiones debe respetar, “en lo posible”, la proporción de los bloques políticos representados en la Cámara, garantizando además la participación de las minorías parlamentarias.
Ese criterio busca que la correlación de fuerzas surgida de las elecciones —expresada en la cantidad de senadores que posee cada espacio— se refleje también en las comisiones donde se analizan los proyectos y las designaciones del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, desde sectores opositores sostienen que ese equilibrio no se estaría respetando. Según plantean, mediante acuerdos entre bloques afines —radicales dialoguistas, ex peronistas y representantes de partidos provinciales— el oficialismo logró conformar una falsa primera minoría parlamentaria, funcional al gobierno, alterando la proporcionalidad que debería reflejar el peso real de cada fuerza en el Senado.
La controversia adquiere especial relevancia en la Comisión de Acuerdos, el cuerpo encargado de analizar los pliegos de embajadores, jueces y otros cargos estratégicos del Estado.
Según plantean los críticos, esta ingeniería parlamentaria altera el espíritu del reglamento, que históricamente buscó preservar instancias de control político sobre las designaciones del Poder Ejecutivo.
El debate refleja además un cambio en el clima político del Senado. Durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, el temor del oficialismo era que una Cámara alta con fuerte presencia kirchnerista bloqueara su agenda legislativa y bloqueara el Gobierno.
Un año después, algunos sectores opositores advierten el escenario inverso: que el Senado termine funcionando como una escribanía del Poder Ejecutivo para que éste haga lo quiera con el Gobierno.